Tal y como fuera investigado, las cajas chicas de la administración pública se han transformado rápidamente en una de las herramientas más habituales de los funcionarios y empleados para evadir controles y quedarse con el dinero del Estado. El mecanismo es simple y alcanza tan sólo con conseguir un comprobante –ni siquiera tiene que ser una factura –de algún gasto fantasma para poder hacerse de dinero contante y sonante.
Numerosas oficinas tienen un presupuesto propio para emergencias, dinero que pueden tomar en caso que falten elementos de trabajo o haya que cubrir algún gasto inesperado. Lo que se espera, naturalmente, es que se tome de allí lo indispensable y luego, a fin de mes, se rindan los gastos. Por ejemplo: Si una oficina tiene una caja chica disponible de 10 mil pesos mensuales, a fin de mes debe rendir gastos. Así, si se ha invertido 2.500 pesos en artículos de librería y otros 2.500 en el arreglo de un problema de plomería en el baño que no podía esperar a ser resuelto con una contratación, se presenta la rendición. Los 5 mil pesos sobrantes pasan para el siguiente mes, y el Estado cubre los 5 mil gastados para mantener el volumen de la caja chica en 10 mil pesos.
A través de comprobantes truchos, o a veces incluso sin la necesidad de presentarlos, se llenan mes a mes las planillas de supuestos gastos de caja chica en las oficinas gubernamentales, sin que exista ningún tipo de control fehaciente sobre los mismos. De este modo, parte del dinero se destina a frívolos lujos como almuerzos de placer en restaurantes caros y el resto directamente va a parar a los bolsillos de funcionarios y empleados por igual.
A pesar del creciente número de denuncias al respecto, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, decidió aumentar los montos asignados a cada caja chica y al máximo legal a presentar por comprobante de gastos.
De este modo, a raíz de la resolución 30-MEGP-19, las cajas chicas bonaerenses pasarán de 60 mil a 80 mil pesos y los máximos por comprobante de 10 mil a 15 mil pesos, ampliando hasta en un 50 por ciento la capacidad delictiva de la administración pública, incrementando así la purga constante de dinero que representa la estructura estatal de la provincia de Buenos Aires.
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