La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires intimó al grupo empresario que explota la concesión del autocine en San Isidro por una deuda de más de $27 millones en concepto de canon de ocupación de tierras fiscales que pertenecen al gobierno provincial. El impago comenzó en 2018 y continúa hasta la fecha.
Inspectores del organismo llevaron a cabo una fiscalización en el predio de 20.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Martínez y pusieron en conocimiento a la empresa. El director de ARBA, Cristian Girard, coordinó las tareas de control y al finalizar sostuvo que el grupo empresario “fue intimado a pagar los $27 millones que adeuda a la Provincia en concepto de canon de ocupación”.
El funcionario señaló que se trata de “tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense” que cuentan “con una vista privilegiada, donde funcionan locales gastronómicos y un autocine”. A propósito de la intimación, dijo que los responsables “tienen un plazo de 30 días para hacerlo o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro”.
Según explicaron desde la agencia de recaudación, el grupo empresario está conformado por diferentes sociedades y adeuda montos desde 2018 a la actualidad por la ocupación de tierras fiscales. Al mismo tiempo, apuntaron que la deuda se corresponde con el comienzo de la explotación de cada uno de los emprendimientos del predio: algunas se remontan a dos años, como los restaurantes, y otras a 2019, como es el caso del bar y cafetería que funciona en el lugar.
“Son emprendimientos positivos para la Provincia”, dijo Girard, remarcando la importancia de cada uno “porque generan actividad económica y empleo” al mismo tiempo que “permiten que la gente pueda disfrutar de la gastronomía, el cine y espectáculos musicales en un entorno privilegiado, con vista al río”. Sin embargo, remarcó como fundamental “que quienes explotan el lugar cumplan con el canon que deben pagarle al Estado, tanto en San Isidro como en cualquier otra parte del territorio bonaerense”.
“Estas empresas están haciendo uso de terrenos fiscales de la Provincia, y tienen que pagar de la misma manera que se paga un alquiler cuando se utiliza un predio privado. Es tierra de las y los bonaerenses, y es justo que por usarla se deba retribuir al Estado para que esos recursos puedan volver a toda la sociedad, en forma de obras e inversión en salud, educación, seguridad y mejores servicios públicos. Esa es la misión que nos dio el gobernador”, resaltó Girard.
Las empresas cuentan con un plazo de 30 días para cancelar las deudas. Caso contrario, el procedimiento indica que la agencia que conduce Girar deberá dar intervención a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, y a la Fiscalía de Estado, con el objeto de activar el inicio de las acciones judiciales de cobro y los procedimientos de apremio.
Las acciones de ARBA también incluyeron una fiscalización tributaria sobre las empresas que actúan en el predio de Martínez, para controlar medios de facturación, situación catastral y otros temas impositivos. Además de las deudas en concepto de canon por ocupación de las tierras, los inspectores detectaron montos impagos referidos a Ingresos Brutos, motivo que impulsó la notificación pertinente.
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