El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti presentó ayer una denuncia penal por el delito de instigación a la violencia contra Román Gutiérrez, excandidato a concejal de Juntos en nuestra ciudad y productor agropecuario, quien publicó un mensaje y video incitando públicamente a “fusilar” a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández y a sus seguidores.
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
En el caso de Román Gutiérrez, la denuncia se basó en un video que publicó en su cuenta de Twitter @gutierrezroman4 el 30 de agosto, que posteriormente aclaró no era de su autoría.
En el perfil de su red social, aparece un video con una voz que afirma: “Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil puta defendiéndola a la cara de verga la conchuda hija de mil putas, hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil puta también… son cuatro pelotudos, ya se van a morir todos”.
Aunque el expostulante a concejal en la lista del intendente municipal, Javier Martínez aseguró en una entrevista a RADIO MAS (FM 106.7) que no fueron sus expresiones sino la de otra persona, el video apareció en su perfil y fue filmado mientras se realizaba la manifestación en apoyo a la vicepresidenta de la Nación, en la zona céntrica de la ciudad.
En la denuncia penal, la Secretaría de Derechos Humanos advierte que este tipo de expresiones se encuentran prohibidas por el Artículo Nº 209 del Código Penal, que establece: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”.
Si bien Gutiérrez subió el video de forma previa al intento de magnicidio del que fue víctima Cristina Fernández, el pasado 1º de septiembre y no hay ningún elemento para unir ambos hechos, la denuncia penal presentada por la Secretaría advierte que es precisamente este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de “odiada”, a quien en este caso hay que “fusilar”.
Además, sostiene el escrito, “no puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como Concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual gobierno”.
Pietragalla Corti también presentó una denuncia contra Guillermo Cueto, quien fue presentado en una entrevista radial realizada ayer a la mañana por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre como “exagente de la CIA”.
Durante el diálogo, Cueto se refirió al atentado sufrido por la vicepresidente como un hecho simulado, tendiente a tener la “apariencia de un magnicidio”.
En efecto, el entrevistado refirió que, según “su experiencia”, el intento de magnicidio perpetrado tendría una “apariencia deliberada de un magnicidio para elevar la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner”, y que se trató de “un montaje político” y no un de “acto de agresión”.
Las respuestas de Cueto, que no merecieron repreguntas o aclaraciones de ningún tipo por parte del entrevistador, manifiestan -según la denuncia- un mensaje tendiente a animar o estimular a la persecución o el odio contra Cristina Fernández y el sector político que ella representa, por ello se trata de expresiones prohibidas por el Artículo Nº 3 de la Ley Antidiscriminatoria.
Además, el texto refiere que las declaraciones de Cueto también configuran un mensaje de apología del delito, conducta que se encuentra penada por el Artículo Nº 213 del Código Penal.
El mensaje apologético, según la denuncia penal, “está configurado por la intención deliberada de generar confusión en la sociedad respecto al hecho criminal investigado por la justicia federal, restándole la gravedad y hasta negando su existencia. Al negar la existencia del intento de magnicidio, instalando la idea de un montaje político deliberado, se pretende justificar la comisión del hecho criminal perpetrado”.
Las denuncias presentadas por Pietragalla Corti aclaran que si bien la Secretaría de Derechos Humanos no desconoce que estos tipos penales pueden entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión -lo que requiere ser sumamente rigurosos en su aplicación-, es su deber institucional formular estas denuncias penales frente a discursos de odio que no están amparados por la libertad de expresión y que atentan contra la democracia de nuestro país.
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