Según información a la que accedió PRIMERA PLANA, la Fiscalía Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino tiene a su cargo la investigación de las amenazas contra la jueza Gladys Hamué, titular del Juzgado del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Pergamino y Pablo Daniel Aguilar, fiscal también del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Un funcionario judicial fue quién radicó la denuncia en la sede de la Comisaría Primera a última hora del lunes, mediante la cual alertó a la Policía sobre amenazas contra la juez y el fiscal, a partir de la sentencia condenatoria de siete años de prisión y revocación del arresto domiciliario a los dos menores acusados de la violación que sufrió Martina, la joven que denunció que la madrugada del 11 de enero del año pasado, durante una reunión nocturna de jóvenes, fue abusada sexualmente por cincos varones: los sentenciados y tres mayores.
De acuerdo a la información recabada por PRIMERA PLANA, familiares de los detenidos habrían vociferados distintas amenazas contra los funcionarios de la Justicia en el momento que fueron notificados de la condena, es decir en horas de la mañana del lunes, disconformes con el fallo.
No obstante, en el transcurso de la tarde se habrían generado nuevos episodios también de parte de los familiares de los menores trasladados al Centro de Contención de Dolores, donde deberán cumplir la condena, lo que hizo que la situación adquiera otro grado de relevancia. A partir de esa circunstancia, se dio intervención a la Policía y a la Fiscalía de turno.
El fiscal al frente de la causa de Amenazas es Pablo Hernán Santamarina, quien dispuso medidas de urgencia, entre las cuales estaban previstas diligencias de allanamiento, en la búsqueda de diferentes elementos de interés para la pesquisa.
Cómo anticipó ayer PRIMERA PLANA, los dos menores fueron encontrados culpables como coautores penalmente responsables del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por ser cometido por dos o más personas, según los Arts. Nros. 45 y 119, 4to. Párrafo, Inciso D del Código Penal. El fiscal Pablo Daniel Aguilar, que llevó adelante una convincente tarea de investigación , había solicitado la pena de ocho años para ambos imputados.
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