La maquinaria burocrática para fijar el próximo aumento de tarifas de gas comenzó a rodar. La semana próxima, el Gobierno hará oficial el llamado a audiencias públicas en distintos puntos del país, que tendrían lugar entre el 4 y 6 de septiembre. Allí compadecerán productoras, transportistas y distribuidoras, entre otros interesados. Las empresas ajustan cálculos para formalizar un incremento del 25 por ciento en las facturas, que regirá desde octubre.
Así lo confirmaron distintos actores del mercado. El incremento que comienza a negociarse entre el Ejecutivo y las compañías está en línea con lo que había anticipado el ministro de Energía, Javier Iguacel, y con la suba promedio que el Gobierno nacional fijó para la electricidad en el área metropolitana, del 24,4 por ciento (con un máximo de 28 por ciento).
Dentro de los veinte días corridos a partir del llamado a audiencias, las dos compañías transportistas y las diez distribuidoras de todo el país deberán presentar al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) la documentación que demuestre la evolución de sus costos y la tarifa que pretenden cobrar a sus clientes.
Luego de las audiencias, el Ministerio de Energía tiene 30 días para establecer las nuevas tarifas. Según fuentes del Gobierno, comenzarían a regir con los consumos de octubre, por lo que se reflejarán en las boletas a partir de noviembre.
La suba del 25 por ciento promedio se sumará a la de abril, que promedió 32 por ciento. En el año, la factura acumulará un aumento del 65 por ciento, o el doble de la inflación esperada para todo 2018. Desde octubre de 2016, cuando comenzaron los incrementos, la factura promedio acumulará más de 900 por ciento de suba, como contrapartida a la quita de subsidios.
Con este nuevo aumento, la factura promedio mensual de un hogar R31-R23(hasta 650 metros cúbicos anuales de consumo) del área metropolitana se incrementaría en unos 110 pesos, hasta los $550. Para un hogar R31-R33(entre 1100 y 1800 metros cúbicos), la suba superaría los $320 y rozaría los 1600 pesos por mes. Para los residenciales R34, de mayor conusmo, el incremento sería superior a los 700 pesos mensuales y la erogación mensual promedio sería de $3500 pesos.
Estos precios de referencia serán más altos en invierno y más bajos en verano, por lo que el impacto de la suba de octubre se sentirá de manera plena en los meses de frío de 2019, junto con el incremento estipulado para abril del año próximo.
El costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), nacional – boca de pozo – o importado, está dolarizado. Ese fluido está, en parte, subsidiado para las familias. Y representa al menos el 70 por ciento de la factura que llega al usuario final. Las distribuidoras compran ese gas a las productoras y las transportistas cobran una tarifa por conectar a las partes. Luego, las distribuidoras lo llevan a los 8 millones de hogares conectados a la red.
En octubre de 2016, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, estableció un sendero de aumentos del gas para quitar subsidios. Fijó precios máximos en dólares. Desde abril, ese gas cuesta hasta u$s4,70 por millón de BTU. Desde octubre, ese máximo debe ser de u$s5,20. Cada suba del precio implica un recorte en la parte que paga el Estado para abaratar el costo de la energía en hogares y empresas.
Pero, al igual que ocurrió con el gas que compra Cammesa para producir energía eléctrica, el Gobierno espera que ese precio en dólares baje. Como referencia, el Ejecutivo dispuso una baja en el precio del gas que adquiere Cammesa, desde los u$s 5,2 hasta los u$s 4,2 por millón de BTU. Según funcionarios y fuentes de distribuidoras y transportadoras consultadas, hay dos factores que explicarán esa caída: una producción mayor a la esperada -por las mejores condiciones fijadas para la inversión- y una menor demanda, ya que el aumento regirá entre octubre y abril, los meses más cálidos.
Iguacel sentenció el fin de la escalera de precios de Aranguren por los medios y en reuniones con las empresas. El del gas, afirmó, “es un mercado abierto en el que las condiciones se fijan entre las partes”, según parafrasearon en una de las compañías consultadas.
Ante eso, dos distribuidoras importantes, Metrogas y Camuzzi, ofrecieron a las productoras un nuevo contrato, con un precio en dólares inferior al que se paga en la actualidad: 3,60 dólares por millón de BTU. Así lo indicó el portal especializado EconoJournal y lo confirmó este medio.
La baja del precio en dólares amortiguará el alza del costo del fluido en pesos, producto de la devaluación de la moneda de los últimos meses. Si el gas valiera u$s5,2 por millón de BTU desde octubre, la suba en seis meses sería superior al 50 por ciento, más el aumento que corresponde al transporte y a la distribución.
Con ese costo importante encapsulado, quedaría actualizar el precio del transporte y de la distribución. Al renegociar los contratos, en abril de 2017, se dispuso que las tarifas de estas compañías se indexarían de acuerdo con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec. El IPIM acumuló entre enero y junio una suba del 30,3 por ciento. Pero el Enargas tiene la última palabra. Los contratos señalan que el ente regulador tiene la potestad de cambiar el índice y usar, “por ejemplo, el índice de salarios”. Este último avanzaba entre enero y mayo 8,3 por ciento.
Todas estas variables confluirán para que las compañías pidan un aumento en la factura a los consumidores del 25 por ciento.
Queda por definir algo no menor. Las distribuidoras les compraron el gas del invierno a las productoras con el dólar de abril como referencia, a $20,50. Pero la divisa se fue hasta los 28 pesos. Las empresas productoras reclaman la diferencia. Como el fluido es un costo, las distribuidoras deberían pasar ese mayor valor al precio final. Las compañías buscan algún mecanismo de compensación hacia adelante y dirimir los cambios de los últimos meses. ¿Lo pagarán los consumidores? La pregunta aun no tiene respuesta.
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