A través de una solicitada el municipio avisó a los titulares de 61 motos y un camión con estadías superiores a los 180 días en el corralón, que los vehículos serán destinados a compactación si es que no se saldan las deudas pendientes. El mecanismo forma parte de lo dispuesto en una ordenanza aprobada y reglamentada en noviembre de 2018.
Tal como ya lo había comenzado a ejecutar hacia mediados de abril, la Municipalidad de San Nicolás continúa haciendo uso de una alternativa auspiciada por una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y promulgada por el Ejecutivo Municipal en noviembre de 2018: la compactación de vehículos que se encuentran secuestrados por diversas infracciones en el abarrotado Corralón Municipal y que no fueron retirados por sus titulares al cabo de más de 180 días. Se trata en esta oportunidad de un total de 61 motos de distintas marcas y cilindradas, más un pequeño camión, que habían sido removidos de la vía pública y quitados de circulación por distintas infracciones, y que se acumulan en el abarrotado galpón municipal de Corrientes y Hernández desde octubre pasado.
En el tiempo transcurrido, según indican desde el municipio, sus titulares no cumplieron con el pago de las correspondientes multas, estadías y demás cargos, para recuperar los vehículos; por lo que allí permanecen.
Siguiendo lo establecido en la normativa local, la Municipalidad publicó hoy en las páginas de Diario EL NORTE el aviso dirigido expresamente a los vecinos directamente interesados.
«El Sr. Intendente Municipal ha dispuesto la compactación (…) de todos aquellos vehículos que se encuentren depositados en jurisdicción de este municipio (…) por un plazo superior a los 180 días corridos desde su ingreso. A los fines de llevar a cabo dicha orden, se intima a los titulares de los vehículos a que en el plazo de 10 días hábiles procedan a realizar el pago de las multas impuestas (cuando correspondiere), derecho de oficina, accesorios y/o honorarios y guarda (todo con su debida actualización), bajo apercibimiento de llevar a cabo la medida decretada», se lee en la solicitada oficial, que incluye además el detalle de los vehículos en cuestión (marca, modelo, cilindrada, dominio) y de los titulares de los mismos (nombre y apellido, documento de identidad).
La ordenanza
El accionar del municipio se encuadra, en concreto, en lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 9780, impulsada por el Ejecutivo cinco meses atrás, en un momento en que se advertía que el corralón municipal se encontraba “abarrotado” de vehículos secuestrados que no eran reclamados por sus propietarios. Para evitar que las unidades que fuesen ingresando al depósito provocasen el colapso de la capacidad de almacenamiento de vehículos, el municipio proponía distintas alternativas enmarcadas en la legislación provincial.
El proyecto resultante (ahora convertido en Ordenanza Municipal) estableció un nuevo procedimiento que se ajusta a las posibilidades que auspicia la Ley 14.547 de la provincia de Buenos Aires. La normativa bonaerense es la que autoriza a los municipios a disponer de los vehículos secuestrados en depósitos municipales y los faculta a realizar la compactación, afectación a entidades de bien público o subasta de los mismos, toda vez que sus titulares no los reclamen en un plazo establecido. En concreto, el nuevo procedimiento establece que el plazo máximo para que los titulares de los vehículos los reclamen es de 180 días, antes que pasen a ser considerados como “abandonados”.
La misma normativa fija también la obligación de publicar los correspondientes edictos en ambos soportes: el Boletín Oficial y el diario local. De ahí, la solicitada oficial publicada hoy.
Entre las consideraciones que daban fundamento a la iniciativa, sus redactores advertían sobre “el estado de saturación en que se encuentran los depósitos municipales donde se procede a la guarda de vehículos secuestrados, por distintas contravenciones y falta de documentación, y que no han sido reclamados por sus propietarios”.
De acuerdo a lo que establece la Ley, los vehículos aptos para rodar pueden ser afectados al municipio, previa pericia en las plantas verificadoras habilitadas a fin de establecer la originalidad de sus codificaciones identificatorias.
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