En la tercera sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de nuestra ciudad se presentaron dos proyectos con un mismo fin, uno por parte del oficialismo y otro por parte de la oposición: informar a la comunidad de Pergamino sobre las prisiones domiciliarias de las personas privadas de libertad en contexto de pandemia. Los dos están en tratamiento.
Por un lado, Gabriela Taruselli, Presidenta del Concejo Deliberante propuso "un proyecto para conocer cuál era el impacto en nuestra ciudad. Como primer punto nos dirigimos a la fiscalía general, el Tribunal Criminal y la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Pergamino a efectos que informen el número de solicitudes que tuvieron presentadas, la cantidad de beneficios concedidos en este marco y la cantidad de apelaciones recibidas".
Por el otro lado, desde la oposición se solicitó "informar a la comunidad de Pergamino a cerca de las prisiones domiciliarias de las personas privadas de la libertad, en contexto de pandemia y repudiar toda noticia falsa o ‘fake news’ que busque instalar miedo y angustia", a cargo de los concejales del Interbloque del Frente de Todos.
Al tener mayoría parlamentaria a nivel local, se buscó que el proyecto presentado por el oficialismo se trate sobre tablas aunque no fue aprobado, por lo que debe pasar por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del HCD.
Todos los concejales se reunieron posteriormente a la sesión con el fiscal general, Dr. Daniel Gómez y los jueces, Guillermo Burrone y Martín Morales del Tribunal Criminal y Cámara de Apelaciones respectivamente. Los funcionarios respondieron cada uno de los puntos del proyecto presentado oportunamente, expresando su libertad de accionar y el sustento con que ejercen su trabajo en medida de este contexto. Además, aclararon que resultaron beneficiados en nuestra ciudad sólo dos personas mayores de 70 años.
Contexto nacional e internacional
En Estados Unidos se redujo la población carcelaria hasta un 20%; en Canadá, de los 7 mil presos que tiene se liberaron al menos 2600 (y no se registraron aumentos en las tasas de delitos al respecto de la "liberación"); España hizo lo mismo por su parte; Francia y Gran Bretaña también.
A nivel mundial el récord lo lleva Turquía, liberando al menos 65 mil personas, aunque datos extraoficiales hablan de 90 mil prisiones domiciliarias o excarcelaciones.
En nuestra América Latina el panorama es similar: en Brasil pusieron en libertad a 30 mil presos; en Colombia 4 mil; en Chile se dictó una ley de indulto selectivo beneficiando a 1300 detenidos, y la lista sigue.
Las medidas alternativas a la prisión fueron y son recomendadas por organismos internacionales para así evitar la propagación del virus, como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidieron reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible.
La Cámara Federal de Casación, que es el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió un comunicado en el que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como robos o estafas), así como otros presos, como los que están próximos a cumplir su pena, los que tienen condenas de menos de 3 años, los que ya están habilitados para acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).
Según informó la Ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, por fallos de distintos tribunales nacionales y federales se le concedió la prisión domiciliaria a 320 internos de los 12.600 alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (un 2,5% del total). También se produjeron liberaciones en servicios penitenciarios provinciales, sobre todo en el bonaerense, el más grande del país: el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, informó que la Justicia bonaerense dispuso la prisión domiciliaria de 800 detenidos en penales provinciales (menos de un 2% del total de 44 mil presos).
Miente, miente que algo quedará
La jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, fue quien consolidó el discurso destinado a infundir miedo y desinformar a todo un país, por una supuesta "suelta de violadores con la excusa de la pandemia del coronavirus". La mujer dio un dato exacto, aunque así lo fuera sólo para ella: "176 liberados que estaban condenados por delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores y violadores", y que en un solo día se habían concedido igual número de excarcelaciones que en un año. También afirmó que recibieron la libertad "1076 personas con delitos contra la propiedad" y "276 con delitos contra las personas". Originando de este modo una “fake news” multiplicada por distintos medios de comunicación a lo largo y ancho del país y a través de todo tipo de plataforma de comunicación, dijo que eran datos de la Cámara de Casación Penal Bonaerense. Las fuentes oficiales de ese tribunal no sólo desmintieron a la Jueza, sino que aseguraron no tener ese relevamiento.
En el contexto nacional, y más particularmente provincial -dónde se encuentra la mayor tasa de sobrepoblación carcelaria- el régimen distó mucho de lo que los grandes medios comunicaban. En este contexto y en línea local, el Dr. Gómez y su equipo, al igual que el Sistema Penitenciario Federal y de la Provincia de Buenos Aires contradicen la idea que existe una liberación masiva de personas privadas de libertad. En ese sentido, las autoridades Judiciales de la Dependencia Pergamino-Colón, expresaron que en nuestra ciudad sólo fueron beneficiadas con arresto domiciliario dos masculinos, por su condición de riesgo por la edad, al ser mayores de 70 años.
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