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Denuncian a la gestión de un ex intendente PRO por vender licencias truchas a vecinos de otros distritos

Ramiro Tagliaferro, el ex jefe comunal de Morón y ex esposo de María Eugenia Vidal, quedó salpicado por una denuncia penal por un supuesto negocio que dependía del municipio que dirigía para otorgar a cambio de una coima registros de manejo falsos a habitantes de otros distritos. Mirá cómo era la maniobra.

En lo que ya parece una constante informativa diaria, hoy se conoció un caso más de los escándalos de corrupción que dejó el macrismo, a pesar de jactarse por su supuesta "transparencia de gestión". En este caso, el protagonista central es Ramiro Tagliaferro, el ex intendente por Cambiemos del municipio de Morón, cuya administración fue denunciada penalmente por vender a cambio de coimas licencias de conducir truchas a vecinos de otros distritos.

La presentación judicial que impulsaría la investigación fue confeccionada por la Oficina Anticorrupción de Morón en la UFI N° 4 y solicita que se indague la presunta entrega ilegal de registros de manejo por parte de funcionarios y agentes de la gestión anterior, en manos del macrismo. En las elecciones del año pasado, Tagliaferro, el ex esposo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, perdió contra el representante del Frente de Todos, el actual intendente Lucas Ghi. 

Según dijeron fuentes al tanto de la investigación al portal LPO, la maniobra de la gestión de Tagliaferro, que supo ser uno de los caudillos bonaerenses más encumbrados del macrismo, era asÍ: habitantes de otros distritos -particularmente de municipios vecinos, como La Matanza y Moreno- se acercaban al edificio de la Secretaría de Seguridad, donde iniciaban el trámite otorgándole un domicilio falso. Luego, se le otorgaba a cada una de ellos un registro a cambio de plata, entre 3 mil y 8 mil pesos sin realizar ningún tipo de examen.

Desde la OA local sostienen que se trata de 94 casos detectados en los últimos tres meses, aunque vaticinan que debe haber "miles" de personas en la misma condición.

La denuncia salpica a Tagliaferro por ser la máxima autoridad durante este tiempo, pero apunta principalmente a su secretario de Seguridad, Bernardo Magistocchi, y a la abogada Diamela Rocío Alvarito, la directora de Transporte, que era la persona finalmente a cargo ya que ponía su firma para aprobar cada licencia.

La denuncia quedó en manos de la justicia y deberá investigar la fiscal en lo Criminal y Correccional Paula Salevsky por la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.

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