Nuevamente, vecinos de los denominados “barrios fumigados” volvieron a denunciar, con registro fílmico incluido, cómo productores de los barrios El Marquesado y Playa Los Lobos aplicaban agroquímicos a menos de 1000 metros de las viviendas, incumpliendo de esa manera con la medida cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la “cooperación” entre activistas y el municipio para la elaboración de una tercera ordenanza y definitiva ordenanza que regule las aplicaciones, continúa estancada.
La denuncia nuevamente fue realizada por integrantes de la Asamblea Paren de Fumigarnos, quien al igual que ocurrió en los últimos casos de Highland Park, Félix U.Camet o Parque Hermoso, responsabilizan principalmente a las autoridades municipales por no contralar el cumplimiento de la medida. “Pulverizan agroquímicos como el 2.4 D; el Clorpirifos, el Glifosato entre otros tantos, todos ellos afectan la salud de la población y contaminan el ambiente”, sañalaron.
En el caso de El Marquesado, el registro fue el sábado, cuando un vecino vio cómo un aplicador pasaba por un campo lindero y, además, encontraron en las inmediaciones un paquete de una reconocida marca de agroquímicos, lo que desde la Asamblea describen como “residuo peligroso”.
En el caso de Playa Los Lobos, vecinos y vecinas también registraron la presencia de un aplicador a cientos de metros de algunas viviendas este lunes y dieron aviso a la Policía Ecológica. Según describieron, no se trata de un nuevo caso de fumigación sino que ya habían realizado denuncias contra los dueños de ese campo por lesiones leves tras un episodio de fumigación previo -en 2011- donde fueron imputados los dueños pero la causa fue archivada.
Ante esta situación, desde la Asamblea Paren de Fumigarnos insisten en que “existe inoperancia e incumplimiento en tareas de funcionario público, desde el Intendente, la Dirección de Gestión Ambiental e Inspección General municipal, pero también una falta de involucramiento por parte de las Instituciones del Estado que no logran actuar en los territorios, falta la presencia de quienes velan por la salud comunitaria, falta la colaboración de asesorías en derechos humanos”.
Asimismo, ratificaron la necesidad de que se realice un protocolo de evacuación de viviendas fumigadas por parte de Defensa Civíl, que exista mayor actuación por parte de la Fiscalía de Flagrancia y que desde la Defensoría del Pueblo a nivel municipal y provincial se involucren, al igual que quienes gestionan los recursos hídricos: OSSE a nivel municipal y de ADA a nivel provincial, como también del Ministerio de Agroindustria.
La falta de medidas de control e infracciones para evitar el incumplimiento de la cautelar, una constante: “A cinco años del fallo del supremo tribunal, no hay gesto del gobierno local en reconocer la gravedad del delito y las responsabilidades subsidiarias que le corresponden a los funcionarios responsables en la prevención de la Salud de las familias afectadas así como del cumplimiento del plexo legal y jurídico que preserve la convivencia en un ámbito de paz”, suscriben.
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