El tramo más importante de la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional N° 8, entre Pilar y Pergamino, fue licitado en 2015 por el Gobierno de Cristina Fernández en 285 millones de pesos. Actualmente se realizó una nueva licitación por la que, lejos de las promesas oficiales de reducir los presupuestos, se pagarán 2.500 millones de pesos a IECSA, la empresa que pertenece a Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es decir, nueve veces más del valor original.
La obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos, que fueron adjudicados a distintas compañías. Para el que corresponde a IECSA se autorizaron aumentos del orden del 120 por ciento, en tanto las adjudicatarias de los tramos contiguos apenas pudieron actualizar entre un 35 y 45 por ciento.
Si al aumento autorizado a la empresa de Calcaterra se le suman actualizaciones por inflación y costos, se llega a un aumento del 877 por ciento respecto del presupuesto original, lo que desmiente las afirmaciones oficiales de que todas las obras públicas en la era Cambiemos son un 40 por ciento más baratas, señala Raúl Kollmann, en Página 12.
La denuncia presentada a la Justicia Federal por los sobreprecios fue realizada por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña. El sorteo hizo que cayera en manos del juez Julián Ercolini, precisamente el mismo que instruyó la causa contra el kirchnerismo por sobreprecios en las obras públicas en Santa Cruz por la que se consideró a la expresidente, Cristina Fernández, como jefa de una “asociación ilícita”, argumento que bien podría ser aplicado al actual jefe de Estado, Mauricio Macri en este caso, máxime cuando la empresa IECSA -que era la pata constructora del Grupo Socma, de la familia Macri- continúa siendo propiedad de Angelo Calcaterra.
Javier Iguacel, en la mira
La denuncia de Vialidad también apunta contra el extitular de la Secretaría de Energía, Javier Iguacel -quien previamente fuera titular de Vialidad, desde principios de 2016-, por considerar que en la aprobación de los aumentos de costos para IECSA se manejaron cifras muy irregulares, con sobreprecios superiores a los que él mismo denunció en el caso de la obra pública kirchnerista.
La maniobra original de Iguacel, al principio del Gobierno de Macri, fue grotesca. Asumió como titular de Vialidad el y al día siguiente, en su resolución N° 1, ordenó una auditoría de las obras viales. Pero no dispuso que fuera a todas las obras viales del país sino a un único distrito: Santa Cruz. O sea, sólo le importó acusar al kirchnerismo.
Pero, además, la auditoría realizada por dos ingenieros y un contador, los tres designados por Vialidad -Justo Romero, Ramón Martínez Oría y el CPN Marcelo Bianchi– estableció que sólo había un mínimo desface entre la obra realizada y la obra cobrada: 0,1 por ciento. Pese a eso, Javier Iguacel de todas maneras hizo la denuncia penal y Comodoro Py se ocupó de magnificarla, recordó Kollmann en su nota del diario capitalino.
Los cambios
El tramo II B de la Autovia Pilar-Pergamino, adjudicado a IECSA, va de Arroyo de Giles al puente sobre Arroyo Gómez. Los contratos se firmaron en junio de 2015 y la adjudicación fue por 285 millones de pesos, cuando el presupuesto era de 315 millones. O sea que hubo un 15 por ciento de descuento. Los trabajos debían estar terminados en junio de 2017. “Sin razón que lo justifique -señala la denuncia de los trabajadores de Vialidad-, el equipo de Iguacel decidió modificar el proyecto que ya estaba contratado y en ejecución”.
Desde el punto de vista jurídico, la alteración del proyecto original debía implicar un nuevo llamado a licitación, ya que se cambió la obra y se violaba el principio de igualdad al no darle chances a las empresas que se habían presentado. Los técnicos de Vialidad -cuenta Aleña- desaconsejaron esas decisiones, pero todo siguió adelante. La ley dice que cuando se alteran los términos de una licitación en un 80 por ciento corresponde hacer una nueva licitación. Aquí el incremento que se otorgó fue del 120 por ciento. El argumento fue curioso: que el nuevo trazado iba a implicar una reducción de costos y una obra más eficiente. Sin embargo, a valores de origen se le autorizó a IECSA un aumento del presupuesto de los 285 millones del principio a 628 millones a valores de 2015. Si se tienen en cuenta las actualizaciones, “resulta un precio actual y vigente de 2.001 millones de pesos”. Según le indicó Aleña a Página 12, el Estado pagará por la obra 2.500 millones de pesos, 877 por ciento más que el original.
La justificación
El sindicato de Vialidad transcribe en su denuncia la resolución de Iguacel: “Modificación de la traza del proyecto en cuestión, la cual se retira del valle de inundación del Rio Areco alejándose de la Ruta Nacional N°8 actual en dirección noroeste antes de interceptar el Arroyo El Zorro, por terrenos de mayor cota. Ello evita la construcción de un puente sobre este arroyo, así como otros en los arroyos Laguna y Vagues y sus respectivos aliviadores. Asimismo, presenta una menor longitud, de aproximadamente 800 metros, lo que ofrece un trazado hidráulicamente más conveniente y de menor recorrido”. O sea, menos recorrido, menos puentes, e inexplicablemente mayor valor, dicen los técnicos de Vialidad. El único cambio que encareció fue la sustitución por otro asfalto, pero de acuerdo a los técnicos de Vialidad ese cambio no debía significar un aumento superior al 10 por ciento, lejos del 120 por ciento que se autorizó.
La denuncia también consigna que los precios promedio, comparados con las obras que se están haciendo, son un 37 por ciento más altos, evaluación efectuada por la Oficina de Costos. Es, de hecho, una denuncia de sobreprecios y lo contrario de lo que dice el presidente Mauricio Macri: la obra no sale un 40 por ciento menos que durante el kirchnerismo, sino casi un 40 por ciento más.
Los vecinos
Otro dato que llama la atención es lo sucedido con los otros tramos licitados por el kirchnerismo en la Autovia de la Ruta Nacional N° 8. Hay tres tramos en los que se permitió una readecuación, aprobada por Javier Iguacel. En el tramo I B, ganado por la empresa Chediak, que encabeza Juan Chediak, se permitió un aumento del 35 por ciento. Mientras que, en el tramo III, ganado por Vialmani, propiedad de empresarios entrerrianos, se autorizó un aumento del 45 por ciento. Pero, el tramo II B, el adjudicado a IECSA, consiguió en cambio un 120 por ciento de aumento. Se trata de tres tramos contiguos.
Los trabajadores de Vialidad también mencionan que en la licitación original, IECSA ofertó un descuento del 15 por ciento, lo que redujo el valor de 315 millones a 285 millones. La lógica indica que ese descuento también debía regir para el rediseño. Implican 80 millones de pesos menos que el Estado debía pagar. Javier Iguacel pasó por encima de eso, beneficiando a la empresa.
La demora
Una de las mayores acusaciones contra el Gobierno anterior es que no se cumplían los plazos de las obras. En el contrato se establecía que el tramo debía estar terminado en junio de 2017. Como es obvio -y tiene cierta lógica- con el rediseño se le permitió una prórroga en los tiempos de la obra. El nuevo plazo es en abril de éste año.
Parece cantado que no se cumplirá tampoco esa fecha, pero queda claro que las obras del macrismo no sólo no salen un 40 por ciento menos sino que tardan, sea la razón que sea, el doble de lo estipulado. Estaban previstos dos años hasta junio de 2017 y serán 4 años hasta mediados de 2019.
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