El pasado 28 de mayo, NOBA daba a conocer una información que rápidamente trascendió a medios de toda la región: de la rendición de cuentas se extraía que el intendente municipal Manuel Passaglia había desviado 29 millones de pesos del fondo educativo y del fondo de fortalecimiento de programas sociales para la compra de los terrenos del predio de la ExpoAgro. Asimismo no se explicaba la ausencia de más de 311 millones de pesos que debían estar en las arcas del estado, y no lo estaban.
Este miércoles, se radicó en sede del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires una denuncia penal contra el Intendente Municipal Manuel Passaglia por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El escrito fue presentado por el Dr. Rubén Andino, presidente del Partido Justicialista de San Nicolás. En él se expresa que “el Contador Manuel Passaglia, ha utilizado fondos para el financiamiento educativo de afectación específica provenientes del Estado Provincial, constituyendo, a nuestro entender, un hecho irregular e improcedente”.
En la denuncia se identifican las cuentas bancarias correspondientes a los fondos afectados a la educación y a programas sociales, y la utilización ilegal que hizo de ellas el intendente municipal para completar el pago de los terrenos en los que se construyó el Autódromo y predio ferial sede de ExpoAgro, lo que constituye claramente un desvío indebido de caudales públicos. Se desviaron en total casi 29 millones de pesos que debían destinarse a escuelas y comedores de nuestra ciudad, para la compra de las hectáreas en las que se desarrolla la ExpoAgro.
“La decisión del Ejecutivo Municipal de utilizar los fondos afectados de Educación para completar el pago del terreno, amparándose en el artículo 92 de la La ley de Presupuesto provincial 14.393, carece de todo sustento en tanto y en cuanto la misma no reviste ningún carácter de “excepción”. Más por el contrario, el ejemplo inverso hubiese alcanzado perfectamente la excepcionalidad, porque utilizar recursos de libre disponibilidad para acudir en la solución de alguna de las tantas carencias que tiene el Sistema Educativo, se podría haber justificado”, expresa el escrito.
Por otra parte, la denuncia también refiere a la violación de la ley 27.275 de Acceso a la Información: “La no publicación por parte del Ejecutivo Municipal de los decretos de reasignación de partidas contradice totalmente a la ley 27.275 de Acceso a la Información y a todas las disposiciones que en la Provincia y el Municipio acompañan el espíritu de la ley citada, e invita e efectuar una profunda investigación sobre las razones que llevaron al Ejecutivo Municipal a sostener durante años semejante conducta”.
Las conductas delictivas que se denuncian son: darle a los caudales que administra el intendente una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, y dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones, leyes nacionales y provinciales. Las penas por la comisión de estos delitos son de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el doble del tiempo. Asimismo, si se comprueba que de estos delitos resultó un daño en el sistema educativo, se le podría imponer al intendente una multa del 20% al 50% de la cantidad desviada.
Con las firmas de Rubén Andino, Mario Merás, Inés Zaidman, María Eugenia Bravo, Dardo L. Jara, Armando Tactagi, Salvador Capará, Daniel Castaño, Andrés Quinteros, Gabriel Godoy y Delia Peralta, Manuel Passaglia suma una nueva denuncia en su contra.
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