El Gobierno nacional anunció que impulsará este año en el Congreso una reforma del Régimen Penal Juvenil que incluirá la baja de la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años. Una parte de la oposición avisó que intentará frenar en el Congreso la reforma que propone el oficialismo. Pero, ¿qué es la baja de la edad de imputabilidad, cuál es la situación de los adolescentes y qué propone el Gobierno?
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, esta edad se estableció en los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.
Por otro lado, están los menores de 16 años. En la legislación actual, éstos no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad ante un delito. “La ley tiene una trampa -explicó a Chequeado la ex asesora general de menores de la Ciudad, Laura Musa, en esta nota– Dice que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario”. Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad en la Argentina sin que hayan tenido un juicio previo.
Dentro de una amplia reforma del Régimen Penal Juvenil, el Gobierno nacional propone actualmente la baja de esa edad a los 15 años. Aunque el proyecto establece una distinción. Los jóvenes de 15 años sólo serían punibles en delitos con pena máxima de 15 años o más en el Código Penal de la Nación. Mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se los juzgará cuando el delito cometido tenga pena de 3 años o más. El régimen actual los juzga a partir de delitos con pena de dos años o más.
No existen estudios nacionales actualizados sobre la situación de los adolescentes y la ley. El último estudio, un relevamiento realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, muestra que en la Argentina hay casi 7.200 menores en conflicto con la ley (es decir, que se encuentran cumpliendo una pena o restricción dictada por un juez), de los cuales el 18% (más de 1.300) se encontraban presos en alcaidías, centros cerrados y comisarías. El resto estaban, sobre todo, bajo programas de supervisión estatal donde los jóvenes cumplen las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario.
Si se mira sólo a los adolescentes que están privados de su libertad por edades, “se observa que el mayor porcentaje a nivel nacional corresponde a los 17 años, los que representan casi un 43% de la muestra en el total del país. Por su parte, el 20,1% tiene 18 años al momento de la encuesta, y en el otro extremo hay un 3,8% con menos de 16 años”, señala el estudio.
Este último porcentaje equivale a 50 chicos menores de 16 años, es decir, adolescentes que están encerrados por decisión de un juez a pesar de ser no punibles. Este pequeño grupo tendría un cambio efectivo en su situación legal en caso de una baja de la edad de imputabilidad, en línea con lo señalado por Unicef en este comunicado, ya que contarían con un juicio antes de ser aprisionados.
A nivel nacional las estadísticas sobre delitos cometidos por menores son escasas. De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 se dictaron más de 37 mil sentencias condenatorias. De ese total, un 46,2% fueron cometidos por adultos, un 0,4% fueron cometidos por menores de 16 y 17 años, y en el resto se desconoce la edad del autor.
La Provincia de Buenos Aires tiene estadísticas sobre las investigaciones penales preparatorias (IPP) iniciadas en la Justicia provincial. Según datos de la Procuración bonaerense, en 2017 se iniciaron 26 mil IPP en el fuero penal juvenil de la Provincia. El mismo año en el fuero de adultos se iniciaron casi 800 mil IPP. Es decir que las denuncias de delitos cometidos por menores de 16 y 17 años representaron un 3,2% de los cometidos por adultos.
Además, los informes oficiales de la provincia muestran que los delitos cometidos por menores vienen disminuyendo todos los años desde hace al menos cuatro años. Entre 2014 y 2017 disminuyó un 26% la cantidad de procesos penales juveniles iniciados.
El estudio de Unicef asegura que la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen casa y/o no acceden al sistema de la salud.
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