No tienen dudas y hasta apoyan que actualmente el funcionamiento de la economía esté sujeto a la cuestión sanitaria, tal como ya lo remarcó el propio presidente Alberto Fernández. Están seguros de que este precepto implica también monitorear la evolución de los requerimientos para que la actividad sostenga su dinámica productiva una vez que el virus sea historia.
Y empiezan a calificar a lo que se viene como un escenario de subsistencia en donde no habrá sector industrial, comercial y de servicios que se salve de las consecuencias negativas derivadas de lo que el virus destruyó también en el tejido económico y financiero de la Argentina y del resto del mundo.
En este marco, los hombres de negocios avisan que la solución o la pelea que habrá que dar para reacomodar las variables económicas son, como mínimo, las mismas que había hasta principios de marzo.
Es decir, se conforman con que se retome el escenario de recesión y volatilidad que atravesaba el país, en el medio de las negociaciones que el Gobierno venía encarando con el FMI y el resto de los acreedores externos para resolver el problema de la deuda. O al de un dólar estable tanto en el mercado oficial como en el blue pero con un fuerte cepo para evitar que se dispare.
También, a las medidas casi regulatorias y de férreo control que las autoridades del Frente de Todos comenzaron a disponer para evitar los aumentos en los precios de los principales alimentos, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos e incluso a meterse en las negociaciones paritarias entre gremios y empresas para, con todas estas medidas, poder contener la inflación.
Repetir este escenario para lo que resta del año sería ya una victoria, en la mente de los ejecutivos que día a día están monitoreando el devenir de la pandemia en sus negocios, en sus empresas, en sus operaciones y en las actividades económicas.
Es que la situación muestra cómo la mayoría de las empresas han dejado de vender y de producir, lo cual provocará un corte en la cadena de pagos, riesgos en la sostenibilidad del trabajo y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, por ende, un fuerte impacto en la recaudación que sufrirá directamente el Estado nacional, las provincias y hasta los municipios.
Sectores industriales enrolados en la Unión Industrial Argentina (UIA) se muestran activos a la hora de estudiar cuál será la economía post coronavirus que le tocará vivir al país, a las empresas, a los trabajadores y al Estado.
Hasta ahora, se muestran conformes con las medidas tomadas para atravesar la urgencia como las tomadas por el Banco Central para las Pymes, con una reducción de los encajes bancarios por un importe equivalente al 40% de la exigencia, que demandará un monto estimado en $320.000 millones para aquellas entidades que acuerden préstamos a tasa del 24%.
O la obligación de que al menos el 50% de los créditos debe ser para líneas de capital de trabajo, como pagos de sueldos y cobertura de cheques diferidos. También el programa del Banco Nación de hasta $25.000 millones en créditos a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y de insumos médicos.
Destacan, además, la renovación del programa Ahora 12 por un plazo de seis meses, la expansión hacia compras online de productos nacionales, la vuelta de la compensación electrónica de cheques, la flexibilización provisoria de los parámetros con los que son clasificados los deudores bancarios, la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la extensión de los vencimientos de financiaciones de entidades financieras, la reducción en un 95% de las contribuciones patronales por horas extra o nuevas contrataciones que atiendan al funcionamiento de las actividades esenciales.
Apoyan también la eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia, lo que por el momento alcanza al sector de servicios de la salud pero se espera la incorporación de otras actividades, así como el pago de $10.000 a trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso.
En cuanto al tema fiscal, están de acuerdo con la feria fiscal entre el 18 y 31 de marzo que implementó la AFIP, la extensión hasta el 30 de junio de la vigencia transitoria correspondiente a los planes de facilidades de pago admisibles, cantidad de cuotas y tasa de interés de financiamiento aplicable.
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