El ex intendente Mario Meoni zafará de cualquier responsabilidad penal por el manejo de la millonaria caja de la empresa Grupo Servicios Junín durante los últimos años de su gestión y mirará desde la tribuna cómo cuatro de sus ex funcionarios enfrentarán un juicio oral que tiene fecha de inicio: el martes 20 de noviembre 2018.
Según da cuenta Semanario de Junín, el complejo proceso que debió tramitar el titular de la UFIJ Nº 2, Javier Ochoaizpuro, llegó a su fin. Con los resultados finales de pericias realizadas en La Plata por parte de especialistas contadores, que analizaron ejercicios contables y facturación que recogió el fiscal a principios de julio pasado, quedó definida la imputación para los cuatro procesados: los ex directores de la empresa Damián Itoiz y Carlos Albaqui, el ex gerente Vicente Griselli, y el ex secretario general del municipio Javier Gabrielli.
Tanto Gabrielli como Griselli están en carrera desde hace tiempo. Para el fiscal, el primero es un “partícipe necesario en el delito de malversación de caudales públicos”, y el segundo está acusado de “malversación” y también “peculado”, un delito un poco más grave.
Damián Itoiz, ex mano derecha de Mario Meoni, enfrentará el juicio bajo la imputación de “malversación de caudales públicos”, mientras que Carlos Albaqui está acusado de “malversación de caudales públicos” en su figura “culposa”.
Se les imputan gastos extraordinarios realizados con la plata de la empresa, como folletería para la campaña electoral 2015 y algunos insumos que luego fueron hallados en la vivienda particular de Griselli tras un allanamiento.
Sobreprecios
Pablo Torres, actual director de la empresa, oportunamente dijo que las empresas Artes Gráficas S.A y Artes Rioplatenses S.A. (ambas del Grupo Clarín), hicieron trabajo para “Gas Junín”. “Descubrimos que con el costo de 72 mil pesos, a pedido de un ex funcionario municipal hicimos esto, que llegó a la puerta de cada casa de la ciudad. Y otra factura del 9 octubre del 2015, con lo que se hizo un volante muy lindo de buena calidad, se pagó con dinero de esta empresa (120 mil pesos)”, detalló.
También hubo otro ‘temita’: el excesivo gasto en combustible, que justamente fue mayor para dos meses electorales: agosto y octubre de 2015, fechas de las PASO y elecciones generales. Con los mismos vehículos que la administración actual gastaba al inicio de la gestión alrededor de 12 mil pesos mensuales, durante la administración meonista las facturas llegaban a 180 mil y 230 mil.
Para los imputados, excepto Griselli, la estrategia judicial a desplegar será pedir el juicio abreviado. De allí se llevarán una condena casi segura, pero que no implicará cárcel en ninguno de los casos, sólo sentencias más o menos graves que no son de efectivo cumplimiento. Lo que se llama “prisión en suspenso”.
Además, se incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y como hecha la ley, hecha la trampa, acá puede ser que se consideren inadecuados para volver a la función pública sólo para el mismo cargo que tenían en el momento de las irregularidades sancionadas. O sea, pasando en limpio: pueden ser candidatos en las elecciones y hasta podrían ocupar secretarías, ministerios o direcciones que hasta ahora no tuvieron.
En ninguno de los casos se analiza que devuelvan efectivamente lo que mal administraron o faltó de los recursos públicos durante su gestión. Esto es, que le reintegren a los juninenses del patrimonio público de la empresa de gas lo que faltó.
Cabe mencionar que Mario Andrés Meoni (ex UCR) es actual Director del Grupo Bapro, y que los imputados en la causa Gas Junín, revisten como sus asesores contratados por el mismo Grupo Banco Provincia.
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