Después de la derrota en las PASO, en el lapso de un mes, el Gobierno realizó una treintena de anuncios, prácticamente uno por día, la mayoría de índole económica, pero también vinculados a las libertades perdidas por las restricciones contra el coronavirus, en un rally desesperado para intentar mejorar el resultado en las elecciones legislativas generales de noviembre.
Desde el 21 de septiembre, cuando empezó el denominado “Plan Primavera” para mejorar los números de las primarias después de los cambios en el Gabinete, en cuatro días la administración de Alberto Fernández subió el salario mínimo vital y móvil; aumentó las prestaciones por desempleo; extendió el programa REPRO; y presentó un plan de financiamiento para mujeres de barrios populares que realicen refacciones o ampliaciones en sus hogares.
En la misma línea, inmediatamente anunció también el pago de un “Complemento Mensual para el Salario Familiar” para trabajadores registrados, monotributistas, y quienes tengan alguna prestación por desempleo; eximió el pago del Impuesto a las Ganancias para instrumentos financieros, y aumentó el mínimo no imponible; subió el monto de la Tarjeta Alimentar; y definió que ese beneficio se cobre junto a la Asignación Universal por Hijo, para que las familias “puedan usar el dinero físico y electrónico de modo de ampliar el sistema de compras”; entre otras millonarias medidas nacionales orientadas a mejorar las condiciones de los bolsillos de los votantes -principalmente de los sectores más postergados- para intentar revertir la catastrófica performance del 12 de septiembre.
Tras el nombramiento del gobernador de Tucumán en uso de licencia, Juan Manzur, al frente de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno también empezó una serie de anuncios en las provincias. Así, en el cuarto día del plan de gestión hiperactiva, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas viajó a La Rioja para anunciar, junto al gobernador Ricardo Quintela, desde la fábrica textil KM TEX, el financiamiento por 710 millones de pesos para pymes locales; y casi 10 millones de pesos para los emprendedores.
El mismo día, presentó la “Estrategia Productiva Federal para la Reconstrucción argentina”, para “llevar y difundir la política industrial y los programas de esa cartera a 50 ciudades de todo el país”, según se describió. Mientras que ayer, el Presidente firmó una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros para Chubut por más de $12.195 millones.
En el terreno económico, el Gobierno también anunció la completa eliminación, a partir de enero, de las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de “fomentar la creación de empleo de calidad”; lanzó el plan Previaje PAMI, que reintegra el 70% de los gastos en turismo local de los afiliados; confirmó un proyecto de jubilación anticipada para hombres de más de 60 años y mujeres de más de 55; y presentó un programa de blanqueo de empleo doméstico, a través del cual el Estado les otorga a trabajadoras de casas particulares un monto fijo por el lapso seis meses a cuenta del pago del empleador.
Además, hizo anuncios quirúrgicos por localidad. Por ejemplo, prometió un plan de obras con una inversión de 100 mil millones de pesos para construir desagües cloacales en Moreno, una iniciativa que surgió a partir de las demandas expresadas por vecinos al Presidente durante una visita proselitista a esa localidad del conurbano bonaerense. Y firmó un convenio para la construcción de un polo científico, tecnológico y de innovación productiva en La Matanza, el municipio más poblado del conurbano.
Cada política tuvo como eje el registro de un reclamo. Para poner paños fríos al malestar del sector ganadero, por ejemplo, el Gobierno eliminó las restricciones para la exportación de carne a China; y presentó un proyecto que denominó “Régimen de fomento al desarrollo Agrobioindustrial” para “beneficiar a la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país”.
Mientras que, de cara al segmento de los empresarios industriales, el Presidente anunció desde la fábrica de la automotriz Toyota Argentina, en Zárate, el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que, prometió, “generará en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y 21.000 puestos de trabajo”.
Y firmó un convenio con representantes de cámaras empresarias y sindicatos del sector gastronómico y hotelero, para “compatibilizar programas sociales para la generación, recuperación y afianzamiento del trabajo registrado en estos sectores” que, señalaron, fueron “particularmente afectados por las medidas de la pandemia”.
Las medidas del último mes no fueron exclusivamente económicas. Así, también se hicieron anuncios destinados a devolver las libertades restringidas desde marzo de 2020, como el levantamiento de la obligatoriedad del uso de barbijo; la habilitación de reuniones sin tope máximo de personas; la vuelta del público a los estadios de fútbol con un aforo del 50 por ciento; y la apertura de las fronteras para el ingreso de personas nacionales o residentes de países limítrofes. En paralelo a la habilitación de los espectáculos presenciales, lanzaron también una aplicación a través de la cual jóvenes beneficiarios de programas sociales podrán recibir 5.000 pesos por semestre para acceder a actividades y bienes culturales.
En la línea sanitaria, se iniciaron los esquemas de vacunación, con Sinopharm, para niños de entre 3 y 11 años; se adelantó que se destinarán 12.046.655.957 pesos para financiar la construcción y refacción de 72 obras de edificios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 21 provincias; y se aumentó un 10 por ciento el salario de todas las categorías de ese organismo.
Para abordar la inseguridad, una problemática que antes de las elecciones se había desestimado en la escala de prioridades, el Gobierno confirmó el traslado de 575 efectivos de las fuerzas federales a la provincia de Santa Fe, y estableció una unidad móvil de Gendarmería en Rosario, “dedicada a la temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo”, según se anunció.
El Frente de Todos apostó a la serie de medidas, anunciadas entre la Casa Rosada, las provincias y el Conurbano por el Presidente, el jefe de Gabinete, y sus ministros, para disminuir la brecha de votos con respecto a Juntos por el Cambio, que se impuso en mayor parte del país en las PASO. Lo hizo de modo acelerado, en una pelea contrarreloj frente al vencimiento del plazo que corría hasta ayer en el calendarios electoral.
A partir de la medianoche, el Gobierno quedó imposibilitado para realizar cualquier tipo de acto público que pueda estar orientado a captar el voto, como indica el Código Nacional Electoral (CNE). Lo cual no impedirá al Presidente y a sus ministros realizar acciones de campaña encubiertas. Según se adelantó, Alberto Fernández y sus funcionarios probablemente se dediquen a visitar fábricas y negocios para enviar mensajes orientados a la intención de reactivación económica del Gobierno, y continuarán con las reuniones con vecinos y el sector privado para promover el “diálogo” y la “escucha” de cara a unas elecciones generales que marcarán a fuego los equilibrios de poder en la coalición de oficialista de cara a los próximos dos años de gestión, y en la carrera hacia las presidenciales de 2023.
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