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Emergencia sanitaria: entregan 26 autos secuestrados a una banda narco

Lo ordenó la Justicia federal, tras el pedido del intendente de Mar del Plata. Los vehículos habían sido secuestrados en el marco de la operación “Lavado Total”.

En el marco de la pandemia de coronavirus, y tras el pedido del intendente Guillermo Montenegro, la Justicia federal entregó al Municipio 26 vehículos recuperados de una organización narco, con el objetivo de reforzar las tareas vinculadas a la emergencia sanitaria. Se trata de vehículos secuestrados en el marco del Operativo “Lavado Total” que ya cuenta con una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó los decomisos preventivos.

En detalle, luego de que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, solicitara la entrega de vehículos “para atender las contingencias asistenciales y de seguridad atinentes a la situación de pandemia y aislamiento social provisorio y obligatorio” el pedido fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el pasado 1° de abril comunicó que debía disponerse, siempre que la instancia del proceso y la naturaleza del delito investigado lo permitan, la entrega provisoria de vehículos a la Intendencia.

Para ello, se habilitó que mecánicos del Municipio y de la Policía Federal –quienes custodian el predio— revisen los rodados para establecer cuáles cumplen con las condiciones para paliar la situación sanitaria. Esto, teniendo en cuenta que se trata de vehículos secuestrados en el marco de una causa que ya cuenta con una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó los decomisos preventivos.

En detalle, los vehículos deberán ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos específicos requeridos: que los agentes municipales afectados a los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos a los fines de hacer frente a la emergencia sanitaria desatada a partir de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Investigación Judicial

La causa “Lavado Total” se inició a partir del hallazgo, en febrero de 2013, de más de 165 kilos de cocaína en un vehículo cuando era conducido por la autovía 2, camino a Mar del Plata. El conductor del rodado era Juan Manuel Mariscal, quien resultó condenado por ese hecho en 2014. La Justicia federal comenzó a indagar sobre el origen de esa droga y el financiamiento de la operación, para lo que se trabajó en la individualización del patrimonio del condenado y sus familiares cercanos.

Después de individualizar el auto de unos de sus hijos, que era guardado en un galpón sobre la avenida Jara al 3800, se dispuso en abril de 2013 el allanamiento del lugar donde se encontraron otros 30 vehículos sin respaldo financiero ni documental aparente. De esta manera, se resolvió ampliar el objeto procesal al posible lavado de activos.

A partir de ahí se estableció como hipótesis de investigación la existencia de una organización conformada por dos grupos de personas vinculadas entre sí y dedicados, en su mayoría, a la compra y venta informal e irregular de automóviles: por un lado el de Juan Manuel Mariscal y por el otro el de Hugo Alberto “Coco” Esteban, con sus respectivos entornos familiares y allegados, quienes, según afirman los investigadores, “han puesto a su nombre y en cabeza del resto varios bienes de gran valor económico sin ningún antecedente de índole comercial ni justificación lícita”.

“Coco” Esteban, uno de los principales implicados y que estuvo prófugo hasta que cayó en febrero de 2019 también está acusado en el caso “Marea Verde”. En esta causa, los investigadores detectaron que el grupo compuesto por Esteban y su entorno se dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para ello un comercio clandestino, con la fachada de concesionarias o galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo ni control fiscal y por consecuencia sin aportar los correspondiente impuestos.

En el caso de “Lavado Total”, la hipótesis de investigación sostiene que la organización habría adquirido bienes con las ganancias obtenidas del tráfico ilícito de estupefacientes, los cuales fueron puestos en circulación en el mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia de rodados con la finalidad de dar una apariencia lícita cuando su origen sería espurio. A la fecha han sido imputadas más de 60 personas y se secuestraron 310 automóviles.

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