En una visita institucional que realizó a distintas dependencias policiales de la Ciudad, un juez platense detectó “serias irregularidades que ameritan una inmediata y eficaz solución”, expuso, refiriéndose, en concreto, al alojamiento de presos en calabozos clausurados judicialmente o en sitios que no están preparados para ese fin.
Por tratarse de dependencias que están bajo su órbita, el magistrado elevó una nota al ministerio de Seguridad bonaerense, desde donde explicaron que están al tanto del problema porque al día de hoy hay, por lo menos, “93 hábeas corpus vigentes” por esta situación, que no pueden resolver “si no se asignan cupos en alcaidías o unidades del Servicio Penitenciario (SPB)”, que depende del ministerio de Justicia de la Provincia.
Fuentes de este organismo dijeron, a su vez, que están trabajando para “descomprimir la situación”, garantizando el traslado de “1.300 presos al mes desde comisarías, con un cupo complementario de 530”, entre otras medidas.
El informe que disparó todos estos cruces se generó con la visita institucional que el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata, Emir Caputo Tártara, hizo el 11 de junio a las comisarías Primera (53, 9 y 10); Tercera (137, 61 y 62); Novena (5 y 59) y la DDI (61, 12 y 13), en cumplimiento de las acordadas de la Suprema Corte que ordenaron a los funcionarios judiciales controlar las condiciones de detención de los detenidos.
“Como se desprende de las inspecciones efectuadas, todas y cada una (de las dependencias) se encuentran en flagrante transgresión de disposiciones judiciales oportunamente dispuestas, o -en su caso- sin las elementales condiciones de alojamiento”, a lo que “corresponde adicionar -según su caso- el prevalente deterioro de infraestructura”, resaltó el juez Caputo Tártara en el informe al que accedió este diario.
Caso por caso
De la comisaría Primera, da cuenta de que los calabozos están clausurados desde 2011 por orden de la UFI 7, en una causa por “evasión”, lo que no impide que la seccional del Centro aloje presos: el 11 de junio había tres, “aunque hace un mes atrás tenían doce”, detalló el juez. Los encargados de la seccional explicaron que hasta la llegada de esa gestión los detenidos estaban en un “recinto que se adaptó con rejas” y ahora se usa como depósito de efectos por su inseguridad, ya que, por no disponer de baños, los internos eran sacados “por el patio interior” e “ingresados a la guardia frontal”, que, además, está “próxima a la salida”.
En el informe se describe al calabozo de contraventores como una “oficina grande que fue acondicionada con rejas” y tiene cuatro sillas como todo mobiliario.
Los tres detenidos estaban “alojados allí en un periodo de entre un mes y medio a veinte días anteriores a nuestra visita”, durmiendo “en colchones situados en el piso”. Las visitas familiares (dos veces por semana) se concretan “en el mismo lugar, por cuestiones de seguridad”.
En la comisaría Tercera, cuyos calabozos “están clausurados por orden de la jueza Claudia Marengo”, al momento de la visita había tres detenidos, desde hacía menos de diez días.
“Es de destacar el regular estado de conservación en el que se encuentra la dependencia policial, pudiendo apreciarse suciedad, paredes y techos despintados con rajaduras, falta de iluminación adecuada, cableados de electricidad precarios, puerta de acceso a la dependencia sin cerradura y con picaporte carente de funcionamiento” y “mal olor, especialmente en la zona de calabozos”, se lee en el relevamiento. En este sector “no hay muebles ni luz natural” y “se observa una rotura de grandes dimensiones en el techo y en el piso un balde, lo que denota que cuando llueve hay filtraciones y goteras”.
Todos los detenidos comparten un solo baño, con “una sábana colgada a modo de puerta, contando con un pozo ciego sin inodoro, ni agua caliente, ni duchas”, aportó el informe.
Pasando a la comisaría Novena, los calabozos están clausurados desde la muerte de Daniel Migone, en noviembre de 2005, pero a la fecha de la inspección había cinco detenidos, para lo cual se “acondicionó un espacio físico”, que no es otra cosa que “una habitación de aproximadamente tres metros por dos metros, sumamente precaria y muy reducida” para alojar 5 personas, dicen en el reporte, indicando que no tiene “camastros ni colchones”, por lo que los detenidos duermen en “mantas sobre el piso”. Describe al recinto como “deteriorado, sucio y con mal olor”, y aclara que los internos usan el baño que era “del personal policial femenino”, pequeño y sin agua caliente.
Por último, la DDI también tiene sus calabozos clausurados por orden de la jueza Torrisi, pero en ese momento alojaba a tres detenidos. “Al acceder al calabozo a través de un playón-patio, lo primero que se observa en la puerta de entrada es una faja de clausura”. Detalla que “el estado general del recinto no es bueno, dado que se encuentra deteriorado y sucio”.
“Una Fotografía del Momento”
Caputo Tártara elevó este informe a los organismos jurisdiccionales a cuya disposición están los detenidos en esas dependencias, a aquellos que ordenaron las clausuras, y también a la fiscalía en turno.
Expone que ese relevamiento “es una fotografía del momento en que se efectúa”, toda vez que “a diario, o a escasos lapsos, las condiciones varían coyuntural y azarosamente”, por las nuevas aprehensiones que se producen o los traslado a alcaidías o unidades carcelarias.
En este punto, resalta el juez que “en todas las dependencias inspeccionadas se puso de manifiesto por parte de jefes u oficiales” la situación descripta, “toda vez que son conscientes de la situación de constante infracción en la que se encuentran, circunstancia compartida por la Departamental”.
Como ya se dijo, el reporte también fue dirigido al ministerio de Seguridad -por ser el organismo del que dependen las seccionales- para que curse “comunicación a otra esfera ministerial del gobierno de la Provincia que se considere deba actuar para dar solución a los problemas de los que se dan cuenta”.
Desde esa cartera explicaron que hay un centenar de hábeas corpus motivados por el alojamiento de detenidos en comisarías y cuestionaron “muchas” intervenciones judiciales que profundizan el problema, citando, por ejemplo, un recurso que se resolvió en favor de detenidos alojados en la Alcaidía Departamental de Avellaneda, para que los reubiquen “en una dependencia habilitada a tal efecto”. El ministerio respondió en un oficio que el alojamiento de procesados o condenados en seccionales policiales “debe ser con carácter excepcional, habida cuenta de que las mismas no están preparadas o acondicionadas para asegurar los derechos que le asisten”.
“El fin principal de la policía es prevenir el delito. A más operativos más detenidos”, resaltaron fuentes oficiales en estricto off, sin pasar por alto que “si el Servicio Penitenciario no habilita los cupos, ¿qué hacemos con los aprehendidos?”.
Reconocen que la situación edilicia de las seccionales es precaria, para lo cual encararon “un plan de refacción en tres etapas”. La primera, que arrancó en mayo de 2016 y abarcó a 21 comisarías de toda la Provincia, “está concluida”, dijeron. La segunda etapa, que prevé la puesta en valor de otras 21 dependencias (entre ellas la 8 y 9 de La Plata y la 1 de Berisso), está en marcha, mientras que para 2019 contemplan la tercera, lo que podría aumentar algunas plazas de detención. No obstante -aclararon- “siempre es un alojamiento provisorio”.
Demanda y Respuesta
También en off, fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense reconocieron que la “situación es complicada”, para lo cual “se garantizan 1.300 traslados mensuales (desde comisarías a alcaidías y unidades penitenciarias) y en los últimos dos meses reforzamos con 530 cupos complementarios, con el objetivo de que sean 1.000”.
Dijeron también que la capacidad de respuesta “está limitada por lo edilicio, que, a su vez, está por detrás de la demanda”.
En respuesta a los cuestionamientos que llegaron desde distintos ámbitos por los “traslados nominales”, argumentaron que “para alojar a un interno en una unidad se necesita una orden judicial que evite la discrecionalidad”, aunque en muchos casos no se instrumenta “por la capacidad de alojamiento o por cuestiones logísticas”.
Por último, aseguraron que “se están ampliando plazas en distintas alcaidías y pronto estarán operativas las de San Martín y Lomas de Zamora, lo que, además, mejorará la habitabilidad”.
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