La sanción de un nuevo convenio para la recolección y disposición final de la basura en Necochea y la legitimación de una millonaria deuda en favor de la empresa a la que se le renovó la concesión- los detractores del acuerdo aseguran que se validó una deuda por servicios no prestados-, desató un escándalo durante la última sesión del Concejo Deliberante llevada a cabo el último lunes.
El acuerdo fue avalado por el bloque de concejales que responden al intendente vecinalista Arturo Rojas, el Frente de Todos y Juntos. De los 20 ediles, solo los dos concejales de la Agrupación Comunal Transformadora, Pedro Arabarco y Mariela Maceiro, y la concejal de la UCR, Felicitas Cabretón, votaron en contra del proyecto.
En el recinto, se manifestaron un grupo de vecinos que se oponen a la instalación de una la planta de separación de residuos en inmediaciones al Paseo de la Ribera y un grupo de ambientalistas.
Uno de los puntos más polémicos es que el acuerdo con la empresa Relisa, reconoce “una deuda de casi 1.000 millones de pesos por una serie de servicios de disposición final de basura” informó el sitio local Cuatro Vientos.
Según la versión de quienes se oponen a la medida, esos servicios “no se brindaron en dos décadas, causando un fuerte daño ambiental que afecta el agua, el aire y la tierra” explicaron. Además, advierten que el entendimiento deja sin efecto las multas labradas contra la empresa concesionaria.
La discusión tuvo momentos de tensión. Las intervenciones de algunos de los concejales estuvieron atravesadas por gritos e insultos.
Los manifestantes alzaron pancartas y arrojaron bolsas de plástico, botellas y otros elementos por todo el recinto. La votación, realizada en forma nominal, se desarrolló en medio de silbidos y abucheos.
Minutos antes de la votación, dirigentes locales del PRO presentaron una nota ante las autoridades del HCD para anticiparles que llevarán a cabo una denuncia penal: "A instantes de celebrarse la sesión que tendrá como eje principal el ‘acuerdo’ con la empresa Relisa concesionaria del servicio de recolección de residuos por el que se reconocerá el pago con intereses por un servicio que nunca prestó y que ha causado daño a la salud de la población y al medioambientales en general; manifestamos que realizaremos denuncias penales sobre quienes decidan votar positivamente ese acuerdo” explicaron.
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