Según fuentes judiciales, ese mensaje fue enviado el lunes pasado, el mismo día que mataron a Úrsula, minutos después de las 11. La solicitud de entrega del botón antipánico se reiteró más de tres horas después, a las 14.18. El correo electrónico fue enviado a una dirección de mail específica de la comuna de Rojas y los nombres de las dos funcionarias que recibieron la comunicación tanto por WhatsApp como a través de sendos correos electrónicos, figuran en el expediente.
Debido a que no fueron imputadas en ninguna denuncia específica, los nombres de las funcionarias que tenían conocimiento de la necesidad de entregarle a Úrsula ese dispositivo se mantendrán en reserva hasta tanto haya al respecto un pronunciamiento judicial.
Además de las supuestas irregularidades en la aplicación del protocolo para los casos de violencia de género que habrían cometido las dos funcionarias municipales, a la cadena de responsabilidades se sumó, en las últimas horas, la investigación para tratar de determinar si los policías de Rojas no cumplieron con la orden del juzgado de Paz de Rojas para realizar rondas preventivas de vigilancia sobre Úrsula y su familia.
Tanto la comisaría de Rojas como la de la Mujer en esa ciudad fueron intervenidas hace cuatro días con el objetivo de determinar si algunos efectivos protegieron a Matías Ezequiel Martínez, el policía bonaerense, acusado asesinar de 15 puñaladas a Úrsula.
No se determinó, hasta el momento, si Úrsula recibió el botón antipánico, un elemento que entrega la Municipalidad local para que, en caso de que una víctima de violencia de género advierta que su agresor o acosador violó la restricción perimetral, pueda alertar a la policía sobre la proximidad del atacante. El botón antipánico no evita una agresión debido a que tiene un fin preventivo: son los policías los que pueden contener al atacante una vez que toman conocimiento, a través de dicho dispositivo, sobre la cercanía con la víctima.
En el caso de Úrsula, el botón antipánico no figuraba en la lista de elementos hallados en la escena del femicidio, un descampado de la localidad de Guido Spano, a 15 kilómetros de Rojas.
En ese lugar sí fueron hallados dos celulares y el cuchillo de carnicero con el que el policía Martínez asesinó de 15 puñaladas a Úrsula y después se autoinfligió una herida para montar una escena falsa.
Aquellos teléfonos, que pertenecen a la víctima y al femicida, serán abiertos en las próximas horas. Según informó el fiscal de Junín Sergio Terrón, el peritaje apunta a obtener información que permita reconstruir cómo fueron los momentos previos al femicidio, revisar si hubo mensajes entre Martínez y otros policías que pudieron haberle dado protección, y cómo fue su maniobra para llevar a la víctima desde Rojas hasta el lugar donde se concretó el crimen.
Ayer, por la tarde, el policía acusado fue trasladado desde el hospital de Pergamino hasta la Alcaldía Departamental de Junín, donde permanecerá aislado durante dos semanas, como medida de protocolo para prevenir contagios de Covid 19 en la cárcel.
En los próximos días, luego de revisar las pruebas, el fiscal Terrón pedirá que se le dicte a Martínez la prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el femicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía de Úrsula. Un delito para el que cabe una única pena: perpetua.
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