El doctor Gustavo Apesteguía es director del Instituto de Derecho Agrario y Ambiental del Colegio de Abogados de Pergamino y secretario del Instituto Argentino de Derecho Agrario. No obstante esos cargos, el abogado dialogó con un medio local a título personal respecto de la preocupación de la comunidad sobre la contaminación del agua, más específicamente sobre la causa radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás y todo lo que ocurrió al respecto.
“Esta es una cuestión que viene de años y que parecía que había quedado aletargada, pero a raíz de lo sucedido en los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida, junto con la denuncia en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, se han suscitado preocupaciones y hasta una psicosis en estos días por saber realmente qué pasa con el agua; y en lo que respecta al Derecho, los aspectos jurídicos de esa causa y qué es lo que va a pasar”, dijo el abogado.
“A título personal considero que es más lo que se desconoce que lo que se conoce, no solo sobre esa causa en particular sino sobre el problema en general del agua”, dice el profesional y agrega “En una primera ocasión existían dos estudios oficiales, uno del Inta y otro del Conicet, donde se habría dictaminado o concluido que habría ciertas sustancias contaminantes en un pozo tomado como referencia, que superaban los valores límite permitidos, por lo que no sería apta para consumo humano. Es imposible acceder a esos informes en el Juzgado Federal porque hay colegas e incluso funcionarios que no lograron acceder a la causa, estimo que debido a que estaba en estudio el pedido de la medida cautelar, que por esa razón no se mostró el expediente". “Luego –continúa Apesteguía- se conoció un informe de la Autoridad del Agua (N. de la R.: pedido por el Municipio) donde se dictamina algo en contradicción a los estudios del Inta y del Conicet. Y posteriormente apareció la medida cautelar dictada hace unos días por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, basándose supuestamente en los dos primeros informes -del Inta y del Conicet- los que concluían que habría sustancias contaminantes que superan los valores límite permitidos en base a alguna normativa. Entonces esto, ligado al principio precautorio, viabilizaba el dictado de una medida cautelar, que en realidad son varias medidas, como suspender fumigaciones en cuatro campos de cuatro imputados (porque esta es una causa penal-ambiental o ambiental-penal) sobre la base de la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos; ordenarle al Municipio que suspenda las autorizaciones para fumigar en ciertas zonas aledañas a las viviendas de las personas afectadas y en tercer lugar establecer una zona de restricción de fumigaciones de 600 metros de los tres barrios: Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida”, continuó el doctor Apesteguía.
“Después el juez ordenó que intervenga el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para asistir a las personas enfermas. Es central la intervención del cuerpo pericial de la Corte Suprema Nacional. En el transcurso de la causa, cuando aparezca ese dictamen, creo que va a confirmar la línea que estableció esta medida cautelar o no, según lo que resulte ese dictamen”, prosiguió. Es decir que para el especialista en derecho ambiental, nada aun es concluyente sino que todas las medidas cautelares adoptadas apuntan justamente a obtener una resolución y que hasta llegar a ese punto se eliminen todas las posibilidades de perjuicio para la salud en caso de que se confirme la inaptitud del agua de la zona.
- ¿Quiénes integran el cuerpo pericial de la Corte?
- En el Poder Judicial existe una asesoría o un cuerpo pericial integrado por varios profesionales que, a pedido de los jueces, tienen que dictaminar sobre una cuestión que hace al conflicto planteado en equis causa. En este caso se está planteando si el agua es apta para consumo humano.
-¿Por qué dice que “es más lo que se desconoce que lo que se conoce” de la causa?
-Creo que hay un total hermetismo sobre esta resolución del juez y los informes, porque no han circulado los textos de estos instrumentos procesales y tampoco conocemos los términos de la denuncia, en donde estaría el pedido de la medida cautelar. Entonces no se puede establecer qué otros aspectos van a seguir corriendo dentro de la instancia procesal, pero lo que habitualmente sucede es que, más allá de esta cautelar que se tiene que hacer efectiva, ese dictamen pericial y otras pruebas van a ser incorporadas a la causa para determinar si hubo o no infracción a la Ley de Residuos Peligrosos y luego, a partir de allí, si los imputados penalmente son o han sido responsables de los delitos que se les endilga.
-¿Cuáles considera que pueden ser los próximos pasos en función de los estudios que se realizarán?
-Es muy prematuro todavía establecer una hipótesis de cómo va a seguir esto. Lo que existe por ahora es una medida cautelar, que es provisoria, puede cambiarse, puede continuar en el tiempo o puede cesar en base a las circunstancias que se acrediten en la causa.
Puede aparecer el dictamen pericial de la Corte estableciendo que los valores están dentro de la ley, entonces no tendría sentido que la cautelar siga vigente; o puede establecer que hay valores aún más graves o más delicados y el juez podría tomar una cautelar más gravosa.
-¿Por lo tanto este proceso puede llevar mucho tiempo?
-Sí, por supuesto. Sigo hablando a título personal, no manifestando ninguna opinión de las entidades que integro, creo que hay dos cuestiones que esta causa viene a desnudar: primero el desastre legal que en este y otros temas tenemos como país, y por otro lado este ocultamiento de información y hasta manipulación que, sospecho, hay sobre los elementos que integran esta causa, lo que me hace suponer que la situación es delicada en serio.
-¿Este ocultamiento de información lleva a que la población descrea de informes oficiales?
-Espero equivocarme y que los peritos de la Corte establezcan una cuestión diferente, pero este hermetismo y esta falta de información oficial hace que durante años la población, y me incluyo, tengamos descrédito de los informes oficiales. De hecho tenemos tres informes, del Conicet, Inta y Autoridad del Agua, que se contradicen. Extraoficialmente tuve acceso al informe de la Autoridad del Agua y deja mucho que desear: es un informe de dos hojas, un informe que no está basado en muestras sino en los dos informes anteriores, o sea, un informe de la máxima autoridad en la materia hace un informe de calidad del agua en base a dos informes, no en base a muestras. Es un tema delicado. Creo que nos merecemos que, desde todos los niveles del Estado, tengamos información fidedigna y en tiempo real sobre un tema tan sensible; al no tener esa información tengo todo el derecho de descreer de lo que estoy enterándome por los medios.
-¿Considera que la normativa a nivel municipal, provincial y nacional sobre aplicación de agroquímicos no es clara?
-Ese es otro de los asuntos sin solución. La elaboración, venta y uso de agroquímicos está permitido en el país, salvo las sustancias prohibidas, pero como lo que no está prohibido está permitido, es una regla constitucional, si hay agroquímicos permitidos, mientras sean aplicados conforme a las pautas técnicas que son aprobadas por el Senasa y otros organismos públicos, se supone que está dentro de la ley su aplicación.
La cuestión es qué pasa cuando se aplica y se hace un uso dentro de la ley y aparece gente enferma. O aparecen enfermedades epidemiológicas que llaman la atención, enfermedades que son típicas cuando hay contacto con agroquímicos, y no me refiero solamente a los que trabajan con estos productos, sino a poblaciones que están limítrofes a la explotación intensiva, como lo es Pergamino y tantas otras ciudades.
Y si el Estado llevara registro o empezara a registrar enfermedades que están asociadas al uso intensivo de agroquímicos, por más que ese uso esté dentro de la ley, ¿qué pasa? ¿ese uso está dentro de la ley?
El tema de los agroquímicos ha desnudado una cuestión: lo que parece legal, si se comprueba que daña, ya deja de ser legal.
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