Mientras en el día de la Industria el jefe comunal anunciaba la llegada de nuevas empresas al Parque Industrial de Fomento "Presidente Arturo Frondizi" y sólo presentaba a viejos conocidos del lugar, ahora se supo que dos funcionarios del intendente Pablo Petrecca quedaron implicados en una denuncia realizada por un empresario en el mes de abril pasado, quien habría sido presionado para vender el predio que tenía en el complejo de avenida de Circunvalación.
La presentación ante la fiscalía la hizo Gastón Horacio Caligiuri, socio gerente de Agrotransporte Junín SRL, empresa que por más de siete años tuvo su base de operaciones en el parque de nuestra ciudad.
Patrocinado por el abogado Mauricio Muñoz, Caligiuri formuló una denuncia penal por “negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en los términos del Art. 265 del Código Penal, contra el entonces subsecretario de Producción de la municipalidad de Junín, Daniel Coria (reemplazado en junio pasado por el ingeniero Franco Castellazzi), y el ex encargado del Parque Industrial, Matías Senegagliesi, quien renunció sorpresivamente a su cargo en julio por “problemas personales”. Su lugar fue ocupado por Leonardo Acerbo.
Ambos ex funcionarios continúan cumpliendo funciones en el municipio bajo la figura de “coordinador”, según consta en los registros publicados en la página web oficial.
De comprobarse los hechos dados a conocer, podrían desmadejar diversas acciones que harían pensar que en la administración actual, el Parque Industrial en lugar de ser un ámbito destinado a la producción y generación de empleos, terminó convirtiéndose en un negocio inmobiliario del que habrá que determinar quién o quiénes se favorecieron.
La presentación, a la que tuvo acceso exclusivo SEMANARIO, según el relato de Caligiuri indica que “en el último trimestre de 2009 en representación de la empresa firmé una carta de intención con el intendente de ese entonces, Mario Meoni, para la adquisición de un terreno en el parque industrial”.
El empresario señaló que “en el primer trimestre de 2010 se firma el boleto de compraventa con el municipio y en el transcurso del tiempo se realizan las tareas de desmalezado y relleno del lote, movimiento del suelo y cemento para implantar la estructura y en paralelo la empresa Antonio Salamone construye la estructura de un galpón. Tarea que permitió cumplir con los requisitos del municipio en seis meses cuando el plazo era de 12 + 6 meses de extensión a partir de la firma del boleto”.
Desde el segundo trimestre de 2009 y hasta marzo de 2016 la empresa desarrolló la totalidad de sus actividades en el Parque Industrial sin ningún tipo de inconvenientes, y con “con una excelente relación tanto con el Ejecutivo, con el secretario de producción, y con el encargado del Parque Industrial y del consorcio”, según explicó.
En la empresa se desarrollaban las actividades de fabricación de implementos agropecuarios traslado y logística de maquinaria agrícola y especial, mantenimiento de equipos y guarda de maquinarias en tránsito como de bienes de uso. Siendo dable señalar que la labor de producción y/o fabricación se desarrolló “en forma esporádica y dentro de las vicisitudes económicas y financieras que este país somete a los empresarios”.
NUEVA GESTIÓN COMUNAL
En marzo de 2016, ya con la nueva conducción de la municipalidad de Junín, dijo Caligiuri que “recibimos un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el secretario de gobierno del municipio que nos informa que se nos va a expropiar el terreno con todo lo construido a favor del municipio”. Es en dicha oportunidad que el del Dr. Fabio Cóppola se comunica con el secretario de Legal y Técnica municipal, Adrián Feldman, a quien le manifiesta que la resolución era infundada e incorrecta. “Emprendiendo una reunión con la Secretaría de producción a la que asistimos con el Dr. Cóppola en la sede que tenía frente a la Comisaría Primera”.
En su denuncia, el empresario afirma que “en dicha reunión está presente el subsecretario de producción Daniel Coria y el coordinador del Parque Industrial Matías Senegagliesi. Les informé que la empresa había cumplido con la totalidad de los puntos. El lote se había pagado en su totalidad, la empresa tenía al día la totalidad de los impuestos y las expensas, había presentado los planos de obra en tiempo y forma y habían sido aprobados por el municipio y el Colegio de Arquitectos; y se los invita a recorrer el predio para que vean la construcción”.
Afirma Caligiuri que “no sólo decían que no había planos, sino además que no habíamos construido nada, cuando la obra había sido finalizada en 2010 y operábamos ahí desde esa fecha, lo cual denotaba un desconocimiento total y absoluto de todo lo actuado”.
Destaca luego que “ambos representantes nos piden disculpas por el error y nos expresan que la nueva gestión ‘quiere transformar el Parque Industrial en un polo industrial y que eso requería de la instalación de empresas con un alto perfil de producción’ y que tenían ‘más de 28 empresas en carpeta para venir a instalarse’ por lo que ellos estaban necesitando predios para que dichas firmas se instalen con lo cual nos informan que de no realizar una actividad productiva con alto impacto de mano de obra, la mejor solución sería la venta del predio”.
OPERACIÓN INMOBILIARIA
Según las declaraciones, a partir de ese momento los funcionarios habrían emprendido una surte de “operación inmobiliaria”, para ubicar a futuros compradores, cuando en verdad no se trata de una tarea que deba realizar personal municipal.
Los dichos del denunciante indican que “en ese mismo momento los funcionarios Coria y Senegagliesi nos dicen que nos daban un año de plazo para continuar con nuestra actividad y un sinnúmero de herramientas porque deberíamos transformarnos en una gran industria porque sólo puede haberlas de producción y no sólo desarrollando actividad de transporte”.
Frente a tal aseveración, Caligiuri segura que “se le manifestó que en el parque había un número importante de empresas que no son industriales, enumerando las mismas, entre ellas una del suegro de Senegagliesi”.
Y añade en la presentación ante la fiscalía que “en ese momento me plantean que si yo no puedo armar una industria de escala, la otra opción es vender el predio y que eso sería ideal para la actual gestión, así yo me retiraba del parque y venían otras empresas”, ante lo cual el empresario dice haber consultado “si eso se podía hacer, dado que yo pensaba que no”.
“Coria me contesta que sí, que no hay problema alguno y que ellos se encargarían de la negociación y que yo solo debería cursar el pedido de cesión de dominio, pagando las tasas e impuestos que correspondiese. Se les planteó que era una opción que no manejaba y me dieran tiempo de pensarlo e implementarlo, dado que debería mudar mi empresa”.
Ahondando en detalles, Caligiuri apunta en su denuncia que “durante uno de los cursos de capacitación dados por la municipalidad y al que asisto, Senegagliesi me informa que hay varios interesados por mi predio, lo que me da que pensar que ellos ya lo estaban ofreciendo y le digo que me dé unos días para pensarlo”.
Añade el denunciante que “a los 15 días me llama y coordinamos una reunión en la secretaría de producción con Coria y les digo que no tengo problema de ver opciones de negocios pero con tiempo. Pregunto por el valor que manejaban (para la venta) y me comprometo a armar un presupuesto”.
Luego “Senegagliei me llamó varias veces y me dijo que me apure porque había una empresa metalúrgica de Córdoba que estaba interesada y una empresa de Vedia que era una droguería. A los pocos días de eso me llega una nota firmada por Senegagliesi en la que me pide que entregue el predio en cinco días o ellos procederían al desalojo”.
Ante tal situación, el empresario explica que “me comunico con él y me dice que me despreocupe porque eso era anterior a este proceso de venta y que no pasaba nada. Después de unos días le acerco el presupuesto y dice que empezará una ronda de negociaciones y que me llamaría cuando tenga novedades”.
EL INTERESADO
Continuando con el relato, Caligiuri señala que “en agosto/septiembre de 2016 me llama (Senegagliesi) para decirme que había unos interesados de Vedia que ya conocían el predio y que querían ver el galpón y que quería rever el presupuesto porque le parecía alto. Y si él podía pasarle mi número para que se comunicara conmigo. Me dice que nos pongamos de acuerdo entre nosotros y que lo mantengamos al tanto del proceso de negociación”.
Continúa el empresario diciendo que “me llama esta persona, Cristian Iraola, y nos vemos en el predio donde él ya tenía un galpón. Mira el galpón y queda muy conforme y quedamos en que vendría con su arquitecto y me haría una oferta; que mientras tanto no se lo ofrezca a nadie”.
“Iraola luego me hace una oferta a pagar en cuatro años y desde enero (2017) empieza a hacerse cargo de las expensas, y Senegagliesi pasa todos los días por delante del predio y ve cómo avanzan las respectivas mudanzas de Iraola y Caligiuri”.
Durante 20 meses, Iraola llevó a cabo sus actividades allí y construyó 1300 metros cuadrados más en negro y sin habilitación. Según los dichos de Caligiuri, ya tiene dos predios en el parque, lo cual no sería legal. En uno desarrolla su actividad y “el otro lo alquilaba y ahora lo puso a la venta”, expresa el denunciante.
PAGOS
Continuando con la denuncia, Caligiuri afirma que “en diciembre de 2017 Iraola realiza en segundo pago ante escribano público y en marzo de 2018 me pide que yo le firme los planos, a lo cual me niego diciéndole que es una locura, que para eso debe estar a su nombre y debemos escriturar y hacer la cesión”. Luego, “a fines de abril de 2018 me pide si puedo refinanciarle la deuda a otros cuatros años y que firmemos la cesión así escritura y puede sacar un crédito para pagar la deuda”.
El empresario señala que “el 19 de junio me llama el escribano diciéndome que Iraola no va a pagar porque le vendí un lote que no era mío sino que era de la municipalidad. Me junto con Iraola y me dice que se reunió con Coria y le dijo que yo no podía vender y que ellos le vendían mi lote en 300 mil pesos y el resto en cuotas y que a mí no me tenía que pagar nada y que de ultima al municipio le daban ‘dos pesos por las mejoras’. Concurro a la secretaria de producción y me manifiestan lo mismo”.
Finaliza indicando Caligiuri que en setiembre de 2018 el municipio emite una resolución -con decreto 3038/18- por el cual pone una traba a la situación y obligaría al empresario denunciante a cumplimentar lo solicitado por el municipio, al cual ahora se le entablará una demanda, además de pedir que se considere la intromisión de un funcionario público en negociaciones por las cuales accede por su competencia y con independencia de que se produzca un daño a la administración pública. Por lo cual “la negociación del funcionario” se constituye entonces en un presunto delito por el sólo hecho de interesarse en el negocio.
Por su parte, la fiscalía ya investiga en profundidad los hechos: se han pedido los cruzamientos de llamadas de celulares entre los mencionados, la presentación al Ejecutivo de comprobantes y en breve podría haber algún tipo de resolución por parte del magistrado actuante.
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