El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó ante la Justicia un escrito firmado por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, en el que le solicita al Juzgado de Garantías número 8, a cargo de Martín Miguel Rizzo, que “tenga a bien evaluar la posibilidad de postergar hasta el 1° de octubre próximo el lanzamiento masivo ordenado” por el magistrado para los días 23, 24 y 25 de septiembre próximos.
En otros términos, la provincia de Buenos Aires solicitó postergar el desalojo de los terrenos ocupados en Guernica.
Larroque explica: “A criterio de los funcionarios y funcionarias del Gobierno provincial que conformamos el dispositivo interministerial abocado al caso, los diez días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”.
Es muy posible que la Justicia acepte la solicitud ya que ninguno de los actores involucrados quiere incidentes; máxime teniendo en cuenta que en desalojos anteriores, como los realizados en José C. Paz o en La Matanza, hubo enfrentamientos entre policías y fuerzas federales, como Gendarmería, y un grupo de usurpadores. Es más, se llegaron a secuestrar facas, armas blancas y hasta lanzas hechas con caños o hierros, entre otros objetos contundentes, como machetes, hachas y cuchillas.
La administración Kicillof hasta el momento no logró consensuar con los tomadores una salida. Les ofrecieron otras parcelas para ser mudados, pero no aceptaron. La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, aseguró que en su distrito no hay tierras fiscales para ser entregadas a las casi dos mil personas asentadas precariamente en los terrenos privados usurpados.
De esas 100 hectáreas, solo nueve podrían ser adquiridas a través de un fideicomiso ya que pertenecen a otros dueños, y no a los desarrolladores que tienen previsto construir un country. Por eso se están buscando alternativas. Ya sea la adquisición de otras tierras privadas por parte de Gobernación para luego recuperar parte del dinero con la cuota que abonarían los nuevos dueños, o en parcelas cedidas por otras municipalidades, aunque esta última posibilidad aún no se habló con ninguno de los intendentes cercanos, como los de San Vicente o Almirante Brown, por ejemplo; o con jefes comunales de La Matanza o Quilmes (Fernando Espinoza y Mayra Mendoza), lugares de donde provienen algunas de las familias asentadas en Guernica.
La propuesta del fideicomiso para adquirir las tierras y el cobro de un “lote social” en cómodas cuotas para acceder a los títulos de propiedad fue realizada por el Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico –actual secretario de Economía Social, una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social comandado por Daniel Arroyo– y era evaluada por los funcionarios de Kicillof. Hasta ahora no fue presentada ante los tribunales y es posible que esto no suceda ya que una medida de ese tenor no sería “bien vista” en una buena parte de la sociedad y hasta de los usurpadores que no forman parte del Movimiento Evita y que no quieren pagar por las tierras que ocupan de manera ilegal.
Por las dudas, los intendentes del Segundo Cordón, como los de Quilmes y Esteban Echeverría, ya dejaron trascender que en sus municipios no hay tierras fiscales disponibles. Un caso distinto es La Matanza, aunque a Espinoza hasta ahora nadie lo consultó, según pudo saber Infobae.
Para abordar este y otros temas urgentes sobre la toma que tensa los nervios de los principales funcionarios políticos, judiciales y policiales, el ministro Larroque se juntará esta tarde con la alcalde de Presidente Perón.
En el documento elevado al Juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas, y del cual ya fue informado el fiscal de la UFI N° 1, Juan Condomí Alcorta, Larroque expone: “La información recolectada recientemente permitió planificar las distintas líneas de intervención con la que se busca un desalojo voluntario y una prórroga como la solicitada permitirá llevar adelante esa tarea”.
El ministro de Kicillof hace mención del censo que elaboró para conocer con exactitud cuántas personas deben ser trasladadas, cuántas familias integran y de qué distritos provienen. Ya se conoce, por ejemplo, que la mitad son de Presidente Perón.
Al juez también se le informó “la cronología, las herramientas, la metodología y algunos resultados censuales desarrollados en la primera etapa del plan de contingencia cuya implementación se habilitó el 15 de septiembre pasado”, es decir, dos meses después de la toma.
El pedido de postergación del desalojo para ganar tiempo y planificar una desocupación voluntaria, coincide con la la presentación de un “pedido de amparo” para detener la medida prevista para hoy, y que realizó la Gremial de Abogados –que defiende a dos personas imputadas por el fiscal en la causa por la usurpación de los terrenos– ante el Tribunal de Casación. El escrito, de 20 carillas, lleva la firma de los abogados Eduardo Soares y Laura Taffetani.
La presentación se hizo “en amparo de la amenaza cierta de privación de libertad de los niños y niñas que se encuentran en la llamada ‘Toma de Guernica’, ubicada entre las calles Brasil, Testa, Barrio, Malvinas Argentinas, del partido de Presidente Perón”, según el texto al que accedió Infobae.
“En razón de los hechos descritos, tenemos temores fundados, ciertos y actuales de que el colectivo de niños, niñas y adolescentes mencionados sufran menoscabos en sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que resultan en la actualidad ser potencialmente víctimas directas de privaciones de la libertad por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros funcionarios públicos que intervendrán en el cumplimiento de la orden de desalojo dictada. Estos hechos constituyen serias irregularidades, que turban y coartan la libertad, y la tranquilidad de las familias. Constituyen actos ilegales y graves dado que lo comenten agentes públicos que tienen un dominio territorial y acceso a herramientas para evitar o desviar el control jurisdiccional”, continúa el texto.
Finalizaron con un pedido de que “oportunamente, haga lugar a la acción interpuesta, declare la ilegitimidad de las situaciones denunciadas y ordene su cese y reparación”.
El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires no estuvo presente en la audiencia realizada ayer entre las partes para definir la situación de la toma, pese a la cantidad de niños, niñas y adolescentes involucrados.
Hasta el momento, y dadas las diversas novedades, ni el fiscal Condomí Alcorta ni el juez Rizzo habían fijado posición sobre el pedido de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.
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