Cuatro de cada 10 argentinos viven en la gran provincia del país sudamericano, con una superficie tan grande como Italia. Su influencia política está en línea con el tamaño relativo de su economía: no hay gobierno nacional que sobreviva si no controla Buenos Aires. Y si allí hay problemas, la Casa Rosada tiembla. El martes 4 de febrero, sobre el mediodía, se registró un auténtico terremoto político. La provincia estuvo cerca de declarar el default de su deuda en dólares. Lo evitó en el último minuto: el gobernador peronista, Axel Kicillof, pagó 250 millones de dólares (230 millones de euros), pero advirtió enseguida que no tendrá dinero para cancelar los 3.300 millones que vencen en los próximos cuatro años.
La deuda de Buenos Aires es el reflejo de otra mayor: la nacional. Sin un mercado de capitales en pesos, Argentina se abrazó a los dólares que llovieron desde diciembre de 2015; no como inversiones, sino como préstamos en divisa a tasas que rondaron el 8%. Mauricio Macri elevó la deuda externa del país —la tercera mayor economía de América Latina— hasta los 276.686 millones de dólares, según los cálculos de la oficina estadística nacional (el Indec) a cierre del año pasado. Y, lo que es más importante, el 92% de esa deuda está denominada en moneda extranjera. En su mandato, la exgobernadora María Eugenia Vidal fue más cauta que su jefe político y los pasivos provinciales solo pasaron entre 2016 y 2019 de los 9.000 a los 12.000 millones de dólares. Pero en ese tiempo el dólar oficial pasó de valer algo más de 20 pesos a valer más de 60 (80 en el mercado negro o paralelo, en la jerga local), triplicando la carga total de la deuda exterior.
Todos los mercados miran a Argentina y, muy especialmente, a Buenos Aires. La posibilidad de un default por 250 millones de dólares la semana pasada era poco probable, pero la estrategia de presión al límite utilizada por Kicillof mereció toda la atención. El problema del gobernador fue que el vencimiento del bono cayó en el arranque de su gestión y en medio de la negociación mayor, la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores privados de la nación. El Gobierno de Alberto Fernández apoyó la decisión de Kicillof de pedir una prórroga de pago hasta mayo, cuando ya debería estar resuelto el tema de la deuda nacional, pero advirtió que no habría rescate desde la Casa Rosada a su hombre en Buenos Aires.
Servicios públicos en apuros
La situación de agobio financiero de Buenos Aires complica el día a día de las finanzas provinciales. Los servicios públicos, como la sanidad y la educación gratuita aún funcionan, pero habrá problemas en el arranque del año escolar. La inflación crónica de Argentina, que en 2019 rozó el 55%, convierten cada verano en una sucesión de reclamos sindicales, y el de los maestros es el más conflictivo por el peso que esa masa salarial tiene en las arcas del Estado.
Kicillof ya adelantó a los sindicatos docentes que no podrá asumir el pago de un retroactivo acordado por su predecesora y pidió prudencia en la discusión de los aumentos previstos para marzo. El anuncio del gobernador, basado en la situación financiera en la que se encuentra la provincia, ha tensionado la relación con los gremios, aliados del peronismo. Por ahora no ha llegado la sangre al río, atentos todos a que se deben respeto partidario, pero si la crisis no amaina podrían esperarse tensiones mayores. En el primer encuentro entre el Gobierno provincial y los gremios no se habló siquiera de porcentajes. Kicillof les ha prometido a los maestros que la subida de salarios buscará, al menos, empatar con la inflación. La situación general no ayuda al gobernador: el Presupuesto vigente contempla un gasto de 930.000 millones de pesos (unos 15.000 millones de dólares), y más de 16.000 millones se van solo en los salarios de 280.000 trabajadores de la educación. El impacto para las arcas públicas de cualquier subida es gigante.
Kicillof, que fue el último ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner —vicepresidenta en el Ejecutivo actual—, pagó finalmente el vencimiento que lo asolaba con fondos propios ante la negativa de los bonistas de posponer la fecha de vencimiento. Fue un punto para los bonistas, que marcaron la cancha también a Alberto Fernández: el mayor acreedor provincial, la gestora de fondos Fidelity, lo es también del Gobierno nacional. El presidente respondió al golpe bonaerense desde Europa, donde se encontraba de gira oficial en busca de apoyos ante el Fondo de los gobiernos de España, Alemania, Francia e Italia: “Comprendo perfectamente bien al gobernador, pero va a ser muy difícil poder seguir su lógica” negociadora. En otras palabras, que los bonistas no deben esperar que la Casa Rosada haga un pago in extremis si finalmente no hay acuerdo.
El martes pasado hubo una muestra de ellos. El Gobierno nacional postergó de forma unilateral hasta el 30 de septiembre la amortización de 96.000 millones de pesos (1.600 millones de dólares aproximadamente, unos 1.440 millones de euros) de capital del bono AF20, una letra dual emitida en pesos pero atada a la cotización de la divisa en el mercado local. Fue una respuesta de "mano dura" ante el fracaso de un canje propuesto la semana pasada y un intento fallido de obtener dinero fresco con una nueva emisión de bonos que el lunes terminó desierta.
Kicillof se ha mostrado hasta ahora aún más beligerante que su jefe político. Antes de anunciar que había decidido ceder antes los acreedores para evitar males mayores, acusó al fondo Fidelity de dinamitar las negociaciones y a Vidal, su predecesora macrista, de dejar una deuda “inasumible, impagable, superior al 15%” de los ingresos. La réplica llegó del exministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza, que antes había ocupado el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires. “Hoy la provincia no tiene crédito porque la nación no tiene. Ya que su deuda es relativamente baja (9% del PIB) y tiene superávit primario (al menos en el periodo 2017-19). Cuando la nación normalice su situación financiera, automáticamente las provincias también”, dijo Lacunza.
El exministro no entró en detalles sobre los motivos que llevaron a que el Gobierno nacional no tuviese crédito, producto del cierre de los mercados en 2018, cuando los bonistas percibieron que Macri no podría devolver el dinero que caía a raudales en medio del optimismo por el giro político en Buenos Aires. Macri acudió entonces al rescate del FMI, que finalmente le otorgó una línea de crédito de 57.000 millones de dólares, la mayor de su historia. Los vencimientos a corto plazo volvieron insostenible el acuerdo y, ya antes de entregar el poder, el macrismo debió anunciar una reestructuración que dejó en manos de su sucesor. Buenos Aires, como tantas otras provincias que se endeudaron en dólares, depende ahora de que la Casa Rosada arregle sus propias cuentas con los acreedores. Una tarea que se antoja todo menos sencilla.
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