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La Fiscalía pidió el desalojo de la Plaza Merced y el Juzgado ordenó hacer todos los esfuerzos para atender el reclamo

El Ministerio Público solicitó que se destituya a las personas que participan del acampe frente al Palacio Municipal, pero para el juez no está acreditado el delito de usurpación y se deben agotar las instancias que le compete el poder político. ¿Es la Justicia la que debe resolver una protesta social que es responsabilidad del Municipio?

La Municipalidad de Pergamino no resolvió la situación de la totalidad de las familias que acampan desde hace ya 57 días en la Plaza Merced. No terminó de acordar con la totalidad de las personas que reclaman una respuesta específica a sus reclamos por un lugar donde vivir.

No es ni más ni menos que una protesta social, en el espacio físico más simbólico de la ciudad y frente al Palacio Municipal. Una realidad que el Ejecutivo no tuvo la capacidad política de solucionarlo. O no pudo lograrlo.

Con un grupo de campistas y con el respaldo de la Justicia, fue acordando con algunos vecinos en situación de calle que participaban del reclamo, más precisamente en el ámbito de la Defensoría Oficial, aunque un grupo permanece en la Plaza a la espera de alguna contestación real a sus demandas.   

Las autoridades municipales están obligadas a realizar todos los esfuerzos para no forzar que una problemática de falta de un sitio para residir, resumida hoy en una protesta social, se transforme en una causa judicial sin fin. Lo que se conoce como la criminalización de un reclamo de los ciudadanos, que está marcada por su carácter selectivo y se define principalmente como la utilización de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales que le dan un tratamiento de ilegítimo a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

En los últimos días, la Fiscalía del Departamento Judicial Pergamino solicitó de manera formal el desalojo de los campistas.

Lo hizo el fiscal Nelson Omar Mastorchio porque, en consonancia con los funcionarios municipales, considera que las familias que acampan en la Plaza Merced se instalaron en el lugar ejerciendo violencia, con una conducta intimidatoria y que quienes forman parte del reclamo poseen domicilios particulares, además de despojar del espacio público al Municipio y a los vecinos en general.   

El pedido de desalojo del Ministerio Público Fiscal no prosperó porque el Juzgado de Garantías, a cargo de Fernando Ariel Ayestarán, dictó una resolución en la cual expresa que en el marco de la protesta social no está tiene acreditado el delito de usurpación, que señala la instrucción y exige una solución a los sucesos, a partir de todas las herramientas con las que cuenta el Estado para cumplir con los derechos de las personas.

El juez entiende que para la resolución de un conflicto social como el actual, el Estado cuenta con vías idóneas para garantizar el uso y goce de los derechos constitucionales vulnerados, por lo cual es necesario agotar las instancias del dialogo político y la utilización de las herramientas que la Municipalidad posee antes que la profundización de la judicialización del reclamo.  

Porque además las actuaciones que inició el jefe de la Estación de Policía, comisario inspector Pablo Scoropad,  corresponden al pasado 24 de agosto, razón por la cual si las personas que permanecen en el Plaza están incurriendo en algún tipo de delito, como lo señala la Fiscalía, se dejaron pasar casi 60 días sin la intervención de la instrucción judicial y las fuerzas de seguridad.                           

El próximo paso podría ser que el Ministerio Público Fiscal apele el dictamen del Juzgado de Garantías ante el órgano superior del Departamento Judicial, que es la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. Mientras tanto, el desalojo no fue autorizado, tal como lo espera la Municipalidad de Pergamino.      

 

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