Tres líderes de la facción criminal paulista Primer Comando de la Capital (PCC) fueron degollados entre junio y julio de 2015 dentro una cárcel de Manaos. Era sólo el comienzo del conocido en la capital amazónica como "el fin de semana sangriento". Entre la tarde del viernes 17 de julio y la mañana del lunes 20, se registraron otros 38 asesinatos de sicarios del PCC en las calles de la capital amazónica. La orden de la matanza partió de la cárcel y se cree que varios Policías Militares fueron los ejecutores. Los mensajes de celular interceptados dejan claro el objetivo de la acción: "Mano, esses cara que vestiram a camisa do PCC aqui [no Amazonas] são uma vergonha para o crime (…) são todos safados. Esses nós vamos matar é tudo" (Hermano, esos muchachos que visten la camisa del PCC aquí [en Amazonas] son una vergüenza para el crimen (…) son todos unos h…de p…. Los vamos a matar, es todo). El ataque contra el PCC se habría producido por la decisión del grupo narco paulista de continuar 'bautizando" (reclutando nuevos integrantes) a pesar de la desaprobación de la Familia del Norte, el cartel local y aliado del carioca Comando Vermelho (CV), el archienemigo del Primer Comando. Todos estos cárteles fueron creados en los últimos treinta años en la cárceles de todo el país y desde allí siguen operando los grandes capos.
El mensaje que desencadenó el baño de sangre partió del teléfono del traficante José Roberto Fernandes Barbosa, más conocido por los apodos de Z, Doido, Pertubado, Pertuba y Messi, uno de los fundadores de la facción criminal Familia del Norte. Su grupo aliado a nivel nacional del poderoso CV tiene prácticamente el monopolio del narcotráfico y el dominio sobre el sistema carcelario de Amazonas y varios otros estados del nordeste de Brasil. Su principal negocio es la exportación a Europa de cocaína colombiana y peruana. Las investigaciones sobre el comportamiento de los cárteles brasileños indican que en la masacre de Manaos está el origen del rompimiento de la alianza de casi 20 años entre el PCC y el CV, que se formalizó en junio de 2015.
Desde entonces, distintas facciones se enfrentan por el control de las zonas de narcotráfico y particularmente las fronteras con Paraguay, Venezuela y Colombia. La guerra se trasladó ahora al estado de Ceará, en el nordeste, y los ataques amenazan con propagarse por el resto del país. Y no es sólo una lucha entre los cárteles. Es, por sobre todo, un enfrentamiento con el Estado y un desafío directo al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que fue elegido con la promesa de terminar con la impunidad de los carteles del narcotráfico y pacificar al país. Los sicarios que Bolsonaro había asegurado que destruiría, le provocaban su primera crisis de gobierno.
Este escenario de caos surgió en Ceará el mismo día de la asunción de Bolsonaro en Brasilia. El 1° de enero de 2019 comenzaron los ataques a autobuses, comercios y las principales carreteras de entrada a Fortaleza, la capital del estado. Desde entonces, no cesan los atentados; ya son más de 200. Los sicarios volaron dos puentes, incendiaron autobuses de transporte y de escolares, destrozaron bancos, obligaron el cierre de las principales tiendas de decenas de ciudades, espantaron a los turistas y lanzaron videos en los que prometen una guerra total. Todo esto se produjo como reacción al anuncio del nuevo secretario de la Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, de adoptar más rigor contra la entrada de celulares en las cárceles y acabar con la separación de detenidos en diferentes prisiones de acuerdo a las facciones a las que pertenecen. Para controlar la situación, el gobierno envió a 300 agentes de la Fuerza Nacional y otros 200 están en camino. Pero veinte días más tarde, la situación no parece haber mejorado demasiado. "Hay un clima de pánico y la gente está aterrorizada de salir. Es como si estuvieras prisionero en tu casa y aun así no estás seguro", dijo un comerciante de Fortaleza a un diario local.
La población carcelaria de Brasil es en este momento de 700.489 personas, la tercera más grande del mundo. De éstos, más del 34 % están en prisión preventiva y Ceará tiene el récord de la mayoría de presos sin condena. Hasta allí emigraron en la última década células de los cárteles de Río de Janeiro y San Pablo desde donde operan los puertos que les permite una ruta fácil a Europa. Desde entonces, Ceará se convirtió en uno de los estados más violentos de un país que en 2017 rompió su propio récord de homicidios, casi 64.000; una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes (un 50% más alta que la de México).
De acuerdo a los testigos, en estos días los cárteles están pagando a las pandillas 1.000 reales (268 dólares) para quemar un autobús y 5.000 reales (1.338 dólares) por el ataque a un banco o una tienda con un incendio importante. Algunos grupos de las favelas incluso cambian los ataques por la deuda que tienen por el consumo de drogas. Hay pintadas por todo Fortaleza que dicen "esta vez no vamos a parar" y "seguiremos quemando hasta que Albuquerque (el secretario a cargo de las penitenciarías) no se vaya".
Todas las órdenes de los objetivos a atacar, así como la de los pagos, emanan desde las cárceles donde unos 29.000 reclusos sobreviven en celdas diseñadas para no más de 11.000. El hacinamiento hace casi imposible el control de las prisiones. Ahora, las fuerzas federales enviadas por el gobierno de Bolsonaro están trasladando fuera de Ceará a los capos que lideran los disturbios. Se confiscaron más de 400 celulares que habían entrado a las cárceles en forma clandestina.
El Comando Vermelho (Comando Rojo), de Río de Janeiro, perdió terreno en los últimos tres años, pero aún sigue siendo la organización criminal brasileña más poderosa. Fue fundada en 1969 por Rogério Lemgruber en la prisión de Ilha Grande, con convictos comunes y militantes políticos de la Falange Vermelha que luchaba contra la dictadura militar. Desde entonces, controla las principales favelas de Río donde tiene como rivales a dos escisiones del propio CV, el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA). Hoy tiene una fuerza activa de más de 50.000 sicarios repartidos por todo el país y Paraguay, así como alianzas muy fuertes con los cárteles colombianos y células en Europa.
El Primeiro Comando da Capital (PCC), surgió a principios de los noventa en la cárcel de Taubaté, para presos de alta peligrosidad, a 130 km de São Paulo, más conocida como "Piranhão". Está organizado en células como las guerrillas y está regido por un estatuto de 16 puntos al que todos los integrantes deben obedecer y pagar, al mismo tiempo, una cuota mensual de 50 reales (14 dólares) para los que están presos y de 500 reales (134 dólares) para el resto. Su líder máximo es "Marcola", Marcos Willians Herbas Camacho, que cumple una condena de 44 años. Tiene unos 20.000 sicarios en las calles y otros 6.000 en las cárceles. Domina territorio en la frontera paraguayo-brasileña, así como en Bolivia, Colombia y Perú. El PCC se reivindica como una organización que no sólo comete delitos y crímenes sino que tiene una función social de proteger a los habitantes de las favelas que controla. Actúa con la lógica del "Hood Robin", roba a los ricos para darle a los pobres. Pero en la mayoría de los casos, lo único que lleva a los morros es violencia extrema y muerte.
Estos pequeños ejércitos que durante muchos años mantuvieron un pacto de no agresión y dividían sus territorios sin disputas ahora vuelven a encontrar una causa común: enfrentar con todas sus fuerzas a Bolsonaro y su compromiso de guerra contra el narcotráfico. Prometen una lucha sin cuartel. Es el mayor desafío que tiene el presidente de extrema derecha que llegó al Planalto de Brasilia para imponer la "mano dura" contra los sicarios.
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