De acuerdo al último Informe sobre Investigaciones Penales iniciadas por Hechos de Violencia Institucional compilado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, solo durante el primer semestre del año 2018 se iniciaron en territorio bonaerense unas 2.556 causas y expedientes que involucraron a fuerzas de seguridad y agentes del Estado. En el 57% de los casos, los denunciados fueron efectivos de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario de la provincia
Entre los hechos más graves investigados por la Justicia hay 42 casos de homicidios por gatillo fácil y 22 hechos de abuso de armas.
La mayoría de los delitos que involucran a efectivos de la Policía Bonaerense y el SPB son por apremios ilegales a presos (25,96%); luego apremios ilegales en actos de servicio (14,35%), lesiones leves (6,82%). Otras acusaciones incluyen abuso con acceso carnal agravado, torturas y robo.
En este último caso se podrían enmarcar (aunque ocurrió el lunes pasado, por fuera del marco temporal del estudio de la Procuración) el robo de 27.000 pesos por parte de una integrante de la Policía Científica mientras buscaba pruebas en una casa de General Savio.
Horas antes, dos delincuentes, después de maniatar a una abuela de 87 años, desvalijaron su propiedad. En el apuro, los malvivientes no advirtieron los 27.000 pesos que estaban en su cartera de mano, hecho que la anciana les relató a los uniformados que le tomaron la denuncia. La jubilada decidió sacar el dinero de la cartera en un momento y ocultarlo en un mejor lugar. Pero la plata ya no estaba.
Una simple requisa en la repartición de Ramallo donde prestaban servicio las oficiales que asistieron a realizar los peritajes le permitió descubrir a los detectives de la Dirección General de Asuntos Internos que los ahorros de la víctima estaban debajo del colchón dónde había dormido la oficial Evelyn Marine Mansilla. Minutos después fue detenida por sus colegas de la DDI de San Nicolás y ya fue pasada a disponibilidad.
Con números propios
Fuentes del Ministerio de Seguridad Bonaerense a cargo de Cristian Ritondo apuntaron que la división Asuntos internos -al mando de Guillermo Berra- trabaja en dos líneas sobre la fuerza: corrupción y violencia institucional. "Dentro de lo que es esta última línea de investigación y sanción hay de todo, desde violencia de género, delito por el cual en este momento hay 9 efectivos detenidos, hasta causas armadas", asegura un funcionario.
Según voces ministeriales, antes de diciembre de 2018 se elaboró por pedido de organizaciones de derechos humanos un informe sobre violencia institucional que reveló los siguientes datos, que resuenan con los provistos por la Procuración Bonaerense: solo entre enero y octubre del año pasado se iniciaron 1.100 sumarios en los cuales son investigados 1280 efectivos. De ese total, 44 ya fueron expulsados y otros 22 fueron suspendidos. 400 están apartados de sus funciones.
"Desde el ministerio de Seguridad se colabora con la Procuración en forma directa y se interactúa para abordar esta problemática", sintetizaron los voceros de Ritondo quienes agregaron otro dato de impacto: 182 de esos sumarios de violencia institucional fueron abiertos por uso o amenaza con armas de fuego.
La Policía Bonaerense es la mayor fuerza de seguridad del país: la componen unos 94.000 efectivos. Es decir que si se tiene en cuenta los expedientes contabilizados por la Procuración provincial, los agentes presuntamente involucrados en casos de violencia institucional corresponden al 1,4% de la totalidad de los agentes.
"En lo que respecta a los últimos casos de violencia institucional denunciados, debemos decir que nosotros colaboramos absolutamente en todo tipo de denuncia que se presentan, y no minimizamos ninguna de ellas, sino que las investigamos y hacemos intervenir a la Dirección de Asuntos Internos hasta que se resuelva si efectivamente fue un caso de violencia institucional o se trató de una denuncia falsa", destacaron voceros del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Ferrari.
También aseguraron que "participamos del convenio para dar toda la información a Procuración General de la Provincia, es decir que colaboramos en esta tarea y formamos parte de la mesa que da a conocer estos resultados, los analiza y actúa frente a cada caso".
Los funcionarios de Justicia también señalaron que por decisión del ministro Ferrari "se pasó a todo el personal del Servicio Penitenciario por el Registro de Reincidencia, de lo cual surgieron varios casos de violencia institucional, entre los cuales había casos de torturas y apremios, y fueron todos separados de la fuerza". 76 penitenciarios fueron apartados bajo este esquema.
Por último agregaron que "si bien la cantidad de hechos denunciados en el informe de la Procuración representa menos de un 2 por ciento de la totalidad de presos de la provincia de Buenos Aires, cerca de 43.800 internos, nuestro objetivo es alcanzar un cero por ciento, es decir, que no exista un sólo caso de violencia institucional comprobado".
El 31% de los hechos denunciados -la Justicia determinará si son culpables o se los acusó de manera falsa- ocurrió en unidades penitenciarias , un 29% en la vía pública, un 17% en dependencias policiales del mismo distrito y un 11% en los domicilios particulares de las presuntas víctimas.
393 víctimas que denunciaron hechos fueron mujeres, 23 de ellas menores de edad.
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