Este lunes trascendió a través de las redes sociales la carta documento que la empresa multinacional le envió al productor gualeguaychuense intimándolo al pago de regalías por el uso de semillas de la tecnología INTACTA RR2 PRO.
La suma que le reclama la compañía es de US$ 54.612,68, que según se expresa en la misiva, el productor Juan Ferrari debería pagar en las próximas 48 horas. A ese número se deberán agregar los intereses devengados, gastos efectuados y demás accesorios.
El caso se difundió en la red social Twitter a través del abogado ambientalista Enrique Viale, quien mostró el aviso que envió Sebastián Andrés Selaya.
Un productor agropecuario de Entre RÃos recibe una Carta Documento de #Monsanto intimándolo al pago de regalÃas por el uso de sus semillas transgénicas.
— Enrique Viale (@EnriqueViale) May 6, 2019
¿Qué dicen los defensores del modelo sojero? pic.twitter.com/UdXkOVQqG7
En la carta, Selaya argumentó que el productor entregó cargamentos de soja a su nombre y no pagó las facturas en concepto de Canon Intacta: “Le recordamos que el uso legal de la tecnología Intacta contenida en semillas y granos de soja requiere de autorización de Monsanto, encontrándose sujeto a los términos y condiciones previstos en la licencia de uso, que entre otras previsiones, exige el pago de una contraprestación (Canon Intacta) por el uso de semilla conteniendo la referida tecnología”, señaló a la vez que remarcó que el uso de la tecnología Intacta “por parte de quien no tiene autorización del titular de la patente (“Monsanto”) configura un delito castigado por la Ley de Patentes”.
Ahora bien: ¿Dicha intimación deviene de la firma de algún contrato o convenio?
Consultado por este medio, Ferrari explicó: "Monsanto nos envía cartas documento a los productores basado en la atribución que le otorga el Gobierno Nacional de tomar muestras de los camiones que enviamos con nuestra producción a puerto para "fiscalizar" si se encuentra genética Intacta en nuestras semillas. Es una locura, es un avasallamiento que empezó con el gobierno anterior y que continúa con este gobierno".
"Yo no firme ningún contrato ni acuerdo con Monsanto para obtener semillas ni genética. Son mis semillas, las que cultivé durante estos años en mi campo. Monsanto quiere que se pague cannon por algo que es de los productores", sumó Ferrari.
Cabe destacar que el planteo de Monsanto se opone a lo que establecen las leyes vigentes que regulan el uso de semillas: la 20.247 que resguarda el uso propio y la 24.481 de patentes que en su artículo 7 establece categóricamente la prohibición de patentar material vivo: "Art.7 – No son patentables: b) la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica , en lo procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza".
Acerca de la Ley de Semillas que impulsa Cambiemos
"Pudimos avanzar con un dictamen, de esta manera dimos un paso más en esta idea de tener una media sanción de una Ley de Semillas que tenga al Estado como principal ente de control. La verdad es que este dictamen es fruto de un intenso trabajo, aunque queda camino por recorrer porque no hay mayorías legislativas y por lo tanto, hubo observaciones y opiniones que pretendemos sumar en un futuro no muy lejano", dijo el pasado 30 de noviembre a R2820 el diputado nacional -y ahora candidato a gobernador por Cambiemos- Atilio Benedetti.
Dentro de los puntos a destacar, Benedetti habló del "fortalecimiento del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en cuanto al control una vez aprobada la ley; "de esta manera estamos dándole facultades exclusivas y excluyentes para que sea la entidad que controle, lo cual descartaría cualquier otro tipo de mecanismo", dijo en alusión a los operativos de fiscalización que montan empresas como Bayer y Monsanto en los puertos argentinos, para luego enviar facturas dolarizadas a los productores que comercializan granos, que de ser ejecutados impulsarían a los productores a una ineludible situación de quebranto.
"Todos los derechos de propiedad se abonarían en un solo acto", dijo Benedetti a la vez que aclaró: "Habría una restricción en el derecho de uso de las semillas, exceptuando a los productores que estén dentro del programa de agricultura familiar, los pueblos originarios y aquellos productores que tengan una facturación anual dentro del umbral de una micro pyme agropecuaria, rondando aproximadamente los 4 millones de pesos anuales".
"El resto de productores que no se encuentra exceptuado, deberá abonar por un período no menor a cinco años un cannon establecido al momento de adquirir las semillas un monto estipulado al momento de firmar el contrato y efectuar la compra de tecnología", señaló Benedetti a la vez que recalcó que "con esta modalidad se busca que el productor no pague varias veces o en partes por aquellas cuestiones tecnológicas que concurren en una semilla".
Es decir, Monsanto ya no tendría que destinar personal para fiscalizar las semillas que llegan a puerto. Sería el propio Estado quien haría el trabajo a total beneficio de la empresa multinacional.
A propósito del dictamen favorable del proyecto que impulsó Benedetti desde FAA, manifestaron: "Ratificamos la posición de uso propio gratuito y la permanencia de Argentina en el marco de UPOV 78. Esperamos contar con tiempos de debate y acuerdos en beneficio de los pequeños y medianos productores", dijeron sumando la preocupación de dirigentes que abiertamente señalaron que "con este dictamen, el Estado abrirá la ventanilla para hacerle el trabajo a las multinacionales".
Las otras voces que cuestionaron el dictamen
Otras de las voces críticas al dictamen fue la del periodista y autor de "Envenenados", Patricio Eleisegui: "Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y medianos, el gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto de Diputados la modificación a la actual Ley de Semillas. El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir de aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973. En concreto, el “derecho de uso propio” permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña".
"La ley que buscará ahora su aprobación establece el abono de regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación", señaló el periodista.
"En simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los productores de menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que hacen Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas especies", especificó.
“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, también advirtió Enrique Viale, abogado ambientalista.
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