“Los presidentes de comuna necesitamos una ley de agroquímicos como aval. Si aprobaran los proyectos que se presentaron recientemente no tendríamos más problemas. Se correrían los metros automáticamente y que (los productores) vayan a zapatear a la Legislatura y no a la Comuna”, señaló José Abraham, el presidente comunal de Pueblo Andino, quien fue cuestionado por sus conciudadanos —exigen que se alejen las aspersiones de agroquímicos de sus viviendas— por no recibirlos para dialogar y así intentar encontrar soluciones a la problemática.
La situación no es nueva y se repite en cada pueblo rural en el que los pobladores se organizan para reclamar por un ambiente sano y exteriorizan su preocupación frente a un sistema de producción agroindustrial que los enferma.
“Los vecinos están pidiendo que corran los metros y nosotros estamos de acuerdo. Necesitamos una ley que nos permita alejar las fumigaciones. Mientras tanto, hacemos cumplir la ordenanza vigente. Adquirimos medidores de humedad, de viento, mangas (anemoscopios), capacitamos a los inspectores de la Guardia Urbana y contratamos un ingeniero agrónomo”, se defendió el jefe comunal.
“Respecto a los metros de exclusión de fumigaciones, respetamos lo que indica la ley 11.273, la que está vigente, que permite aplicar productos banda verde. Cumplimos con todo. Si el día que se realiza la aplicación no están dadas las condiciones no se habilita la actividad”, añadió Abraham a La Capital.
Sin embargo, es consciente de que la ley de fitosanitarios 11.273 es anacrónica porque fue sancionada a mediados de los 90, cuando recién comenzaba a utilizarse el paquete tecnológico integrado por el proceso de siembra directa, las semillas transgénicas y los biocidas, entre otros el glifosato, el más utilizado.
Allí reside la base de todos los males relacionados a la convivencia de las urbes rurales con las pretensiones expansionistas de los productores. La responsabilidad recae sobre las espaldas de los jefes comunales cuando, en realidad, deberían contar con una herramienta legislativa que esté a la altura de las circunstancias y, en virtud de la abundante evidencia científica, eche luz sobre el tema y principalmente prevenga el impacto de la actividad sobre la salud de las personas.
Como en numerosas poblaciones, los vecinos de Andino, nucleados en distintas organizaciones que persiguen el mismo fin de alejar los agroquímicos, piden una distancia mínima de 800 metros. “El problema que tenemos es que nuestra localidad tiene ocho kilómetros de extensión y eso afecta a muchos productores, entre ellos algunos de Buenos Aires, que normalmente, y a pesar de las citaciones que les enviamos, no se presentan a las convocatorias que intentamos para dialogar y ver cómo negociar ante este conflicto”, dijo Abraham.
La periferia
“Pero además, en la periferia del pueblo abandonan el campo que no se siembra y después vienen otros problemas y otros reclamos. como la falta de limpieza, malezas, roedores, víboras e inseguridad. Ahí se esconde la gente que roba”, dijo el presidente comunal.
“El tema es ver qué va a hacer el productor, porque ese campo no será rentable y lo más seguro es que terminen con un juicio de amparo contra la Comuna, como en otras localidades. Andino tiene una comuna que es deficitaria y que solo recibe ingresos por tasas y servicios. Entonces no queremos llenar la Comuna de juicios”, dijo.
Más problemas
Según narró Abraham, “hubo otros problemas relacionados con los agroquímicos que impidieron que nos sentemos a negociar. Por ejemplo, prendieron fuego un campo, le rompieron los vidrios de la camioneta a un productor, entonces los propietarios de los campos no quieren saber nada con una posible negociación con los vecinos. De hecho, ya hay varias denuncias penales contra algunos vecinos”.
Abraham aclaró que “el grupo de vecinos que reclama es grande y son solo cuatro los problemáticos y rompen las posibilidades de diálogo”.
El conductor de la comuna aseguró que está en contacto con ingenieros de Inta Oliveros para avanzar en proyectos a desarrollar en la zona periurbana. “Estamos de acuerdo en que es necesario correr la línea de restricción para cuidar a la población. Sería magnífico que eso ocurra, pero no sabemos qué se puede hacer en ese espacio. Los vecinos proponen utilizarlos para huerta orgánica pero el productor no va a acceder a eso, es algo utópico”, esgrimió Abraham.
Opciones
Además, Abraham señaló que “habría que aplicar otras ideas, el Inta puede aportar a eso, pero todavía no están muy desarrolladas y los productores no acceden. Ahí radica el problema. Si el productor gana diez y le proponen ganar uno seguramente no accederán a los cambios. Si desde la Comuna decidimos extender el área de restricción seguramente será una medida que ocasionará juicios y tendremos que cerrar las puertas porque de ninguna manera podremos afrontarlos”, afirmó.
“Está bien la lucha de los vecinos, estoy de acuerdo y sería muy importante alejar las fumigaciones para desarrollar el principal esquema de crecimiento de la localidad, que está relacionado al turismo. Pero debemos evitar que el conflicto genere perjuicios económicos a la Comuna y, en consecuencia, a los habitantes de la localidad”, concluyó el jefe comunal.
Los proyectos en Diputados
Los proyectos de ley presentados en Diputados de la Nación y en la Cámara baja santafesina coinciden en prohibir la aplicación terrestre, manual o mecánica de agroquímicos a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, apiarios, producción e industrialización de productos animales; cursos, espejos y pozos de agua.
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.
