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Piden juicio oral contra el expresidente del colegio de farmacéuticos

Se acusa a Fernando Cej, propietario de una farmacia nicoleña, ubicada en Maipú 498, de haber adulterado troqueles de medicamentos para cobrar sumas de dinero por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Los titulares de la Fiscalía Federal de San Nicolás y UFI-PAMI solicitaron la elevación a juicio oral de la causa, iniciada en 2018.

Con fecha 21 de abril se conoció que los Dres Matías Felipe Di Lello y Javier Matías Arzubi Calvo en su carácter de titulares de la Fiscalía Federal de San Nicolás y de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado (UFI-PAMI) solicitaron la elevación a juicio oral de una causa contra Fernando Cej propietario de una farmacia ubicada en Maipú 498 de la ciudad de San Nicolás por el delito de “defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”. Cej se había desempeñado hace un tiempo atrás como Presidente del Colegio de Farmacéuticos.

De acuerdo con el pedido de elevación a juicio, el propietario de la farmacia habría presentado para el cobro recetas apócrifas en perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado mediante la utilización de troqueles falsificados con el objetivo de percibir sumas de dinero por parte de la mencionada Obra Social.

El caso se inició a raíz de una denuncia efectuada por el titular de la UFI-PAMI el 29 de mayo de 2018 ante la Fiscalía Federal de San Nicolás. En la presentación se señaló que, en el marco del sistema de provisión de medicamentos que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado cuenta para sus afiliados, se habían detectado durante 2017 la presentación de trece recetas para su liquidación y pago por parte de la obra social. Esas recetas contenían adheridos un total de 16 troqueles de medicamentos presuntamente apócrifos, cuestión que se detectó en el contexto de tareas de contralor que realiza la firma “Farmalink”.

En el marco de la causa penal iniciada y luego de que la investigación fuera delegada a la Fiscalía Federal de San Nicolás, se llevó a cabo el allanamiento del establecimiento farmacéutico ubicado en calle Maipú al 400.  En el lugar se habrían secuestrado cinco cajas del insumo en cuestión, además de tiras reactivas correspondientes a un importante laboratorio multinacional que se encontraban dispuestas para la venta. En los exámenes practicados se pudo determinar que los envases secundarios resultaban apócrifos.

La falsedad de los troqueles denunciada por la UFI-PAMI habría sido confirmada en el marco del expediente a través de un examen solicitado a la ANMAT que consistió en una comparación de las muestras cuestionadas con las contra-muestras indubitables en poder de los laboratorios elaboradores o importadores de los productos.

De acuerdo a la investigación, el cálculo realizado del monto involucrado en la maniobra de fraude en perjuicio de la obra social nacional ascendería a 10.666,33 de pesos al momento del suceso, suma que no fue abonada por haberse advertido la irregularidad previa al pago, por lo que la calificación legal del hecho quedó en grado de tentativa.

Respecto de los elementos secuestrados en el allanamiento, el Ministerio Público Fiscal calificó el hecho de acuerdo a lo previsto en el artículo 277 que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión para aquella persona que adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

Finalmente, los fiscales señalaron en su presentación que tanto ese hecho como el fraude concurren idealmente con el delito de falsificación o imitación de una marca, como la utilización de aquella, establecida en el artículo 31 de la ley de marcas y designaciones.

Si la prueba reunida se considerara suficiente para la realización del enjuiciamiento la causa será elevada por el Juez a Juicio Oral y en ese  debate se determinará la responsabilidad que le cupo al farmacéutico en la maniobra delictiva.

Contra Pami

Esta causa por defraudación se suma a otras efectuadas en distintas ciudades contra la Obra social que fueron investigadas de manera concomitante aunque sin relación entre cada una de ellas. Es una investigación que alcanza a nueve provincias y siete municipios de Buenos Aires. Se detectó que más de 500 farmacias en todo el país falsearon recetas para cobrar por medicamentos que nunca vendieron. Una sola lo hizo con más de 60 mil tiras reactivas e insulina.

La obra social más grande de Latinoamérica tiene varios millones de afiliados en todo el país que son jubilados, pensionados, ex combatientes de la guerra de Malvinas.

Las recetas que se usaban en estos casos serían verdaderas que podrían haber sido robadas al propio PAMI o a hospitales y serían vendidas luego a las farmacias, se cree que los troqueles con buenas impresoras se pueden falsificar sin mucha complejidad, algo que se supone habitual en el mundo farmacéutico.

El PAMI pasó de las recetas manuales a las electrónicas, que permiten un control más riguroso. Solo se usan recetas de papel (ahora son de color celeste) cuando no funciona el sistema o en aquellos lugares del país donde la conectividad no siempre llega o no es buena. Pero en esos casos las recetas tienen códigos de barra que permiten seguir “la ruta del remedio”

Además de la ciudad de Buenos Aires, según los registrados de la UFI PAMI, hay causas abiertas en nueve provincias (Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Misiones, La Rioja, Santa Fe y Chaco) y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, Tres de Febrero, Quilmes, Mar del Plata y San Nicolás).

Cada investigación está en distintos estados. Algunas en sus primeras medidas de pruebas y en otras ya se hicieron allanamientos en los que se incautaron recetas y documentación. Los montos de las estafas y la cantidad de recetas falsas y farmacias involucradas varían. Uno de los objetivos de las investigaciones es recuperar los millones de la estafa. “En todas las causas pedimos el embargo de bienes y del dinero que en algunos casos se encuentran en los allanamientos. La idea es que cuando haya condena ese dinero vuelva al estado”, explicó una fuente.

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