En concreto, la Suprema Corte bonaerense tiene que resolver si hace lugar a la apelación de un recurso de amparo presentado por la Municipalidad de General Madariaga a instancias de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en el marco de un conflicto cuyas consecuencias ambientales pueden ser graves.
El conflicto es de larga data. Y se inicia con una embestida judicial de parte de Madariaga, gobernada por el radical Carlos Santoro, que redundó en que la empresa Ecoplata se retire de su propio predio y deje la explotación económica de la disposición de residuos en favor de la comuna. El pretexto fue la falta de obras de saneamiento ambiental, y el recurso fue auspiciado por la fiscalía de Estado.
Ecoplata cumplió con la orden judicial, pero apeló ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Mar del Plata con seis fundamentos. El primero de ellos cuestionaba la intervención de la Fiscalía de Estado y fue el argumento del tribunal para devolverle a Ecoplata la posesión y la operación del predio.
La Fiscalía cuestionó la decisión y presentó un recurso extraordinario ante la Corte, cuyo tratamiento está demorado, a pesar de que debería ser una cuestión “exprés”. “La Corte no se expide en cuestiones provisorias (como un recurso de amparo), por lo que lo que va a hacer es decir que no es competente y el expediente va a volver a la Cámara”, explicó el abogado de Ecoplata, Damián Martínez, a Infocielo.
A la fecha, desde que el expediente ingresó a la Suprema Corte, hubo tres acuerdos y en ninguno se abordó el problema. Claro que, con cada día que pasa, se agiganta el perjuicio económico contra la empresa, que reclama la restitución del predio y de su explotación económica.
Pero hay un segundo tema de interés. La Municipalidad de Madariaga tampoco llevó adelante acciones de saneamiento ambiental, que son extremadamente onerosas. Así consta a partir de inspecciones del OPDS, el organismo ambiental de la Provincia, que, en octubre de 2019, cuestionó que se vuelquen residuos “sobre el suelo natural, sin membrana existente”, que la balanza “se encuentre sin funcionar”, entre otras observaciones.
Las obras que reclama el OPDS estaban tasadas en unos 200 millones de pesos el año pasado. Se trata de una suma difícil de afrontar, pero todavía más con la restricción de ingresos a la que se somete a Ecoplata, que reclama además que la comuna devuelva los camiones que oportunamente cedió para el servicio de recolección.
Se estima que a Ecoplata debería ingresar un presupuesto de 70 millones de pesos anuales, pero Madariaga nunca pagó. Al predio ingresan los residuos provenientes de Villa Gesell y de Pinamar. La comuna que comanda Gustavo Barrera también mantiene deudas con Ecoplata, que complican más todavía su situación financiera.
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