Ocurre que esas 24.000 personas perciben haberes de entre -apenas- 900 y 1.200 pesos mensuales, según si el pensionado es mayor o menor de 21 años, respectivamente. Son montos que están congelados desde hace más de diez años, que se mantuvieron sin variaciones durante las administraciones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, y que en el gabinete de Axel Kicillof consideran que “urge solucionar”.
Por eso es que, según confirmó a EL DIA el presidente del IPS, Eduardo Santín, ya se trabaja en un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad para que estos bonaerenses pasen de cobrar poco más o menos de 1.000 pesos a 12.689 pesos, que es lo que hoy paga la Anses a 257.000 personas “con invalidez” que habitan en la Provincia.
¿Por qué, pese a la abismal diferencia retributiva, unos 24.000 hombres y mujeres minusválidos prefieren seguir en el IPS? La respuesta está en la cobertura de salud que presta el IOMA.
Porque mientras que a quien tramita su pensión en la Provincia, a través del IPS, le corresponde IOMA; a quien lo hace en la Nación, por la Anses, se le ofrece la prestación del programa Incluir Salud, dirigido a titulares de Pensiones No Contributivas, que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales como obras sociales.
Esa es la razón por la que estos 24.000 discapacitados quieren continuar en el IPS, para mantener la cobertura de IOMA, que juzgan mejor. Mientras, reclaman que la pensión provincial “por invalidez” se equipare con la de la Nación.
En la Provincia aceptan esa demanda porque “es muy poco lo que cobran y además esos haberes son incompatibles con otros beneficios como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Por eso trabajamos para solucionarlo”, admitió Santín, y que lo que se busca es transferir esas 24.000 pensiones a la órbita de la Anses, pero garantizando “en forma vitalicia” la obra social de la Provincia.
El traspaso, además, podría leerse como una ayuda financiera de la Nación para aliviar las arcas del Instituto de Previsión Social, cuyo déficit para este año se estima en 36 mil millones de pesos. No obstante, en la Provincia relativizan el impacto económico de la medida, que representaría poco más de 25 millones de pesos.
“No es que esto vaya a cambiar la situación financiera del Instituto, lo importante es resolver el reclamo”, aseguró el titular del IPS.
Una alternativa a la transferencia de estos 24.000 pensionados sería que la Provincia iguale sus haberes con los de la Nación, pero hacerlo -interpretan en el Gobierno bonaerense- implicaría que los 257 mil bonaerenses con incapacidad que hoy cobran en Anses pretendan pasar al IPS. “Eso sí que no lo podríamos absorber”, reconocían ayer en el gabinete de Kicillof y que, por ahora, este es el único traspaso en el que se trabaja.
Además de las pensiones sociales “por invalidez”, en la Provincia existen otras “por vejez”, las que reconocen “a las madres con hijos”, “a los menores desamparados” y “a los padres, tutores, guardadores de menores de discapacitados psico o físicamente”. Rigen desde 1984 y están destinadas a personas “incapacitadas total y permanentemente para el trabajo” que cumplan con una serie de requisitos, como residencia de cinco años en el país, en el territorio bonaerense y estar excluido de otros beneficios.
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