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Qué se pide cuando se pide Justicia en casos de femicidio

La vocal de Cámara de Apelaciones Penal y profesora de Derecho Penal dio su opinión sobre la medida.

Carina Lurati Por Carina Lurati | 6 de Diciembre de 2018

En la Facultad de Derecho nos enseñan y enseñamos las normas jurídicas aplicables, sus fuentes, su interpretación, los principios fundamentales nacionales e internacionales. Enseñamos historia y filosofía. Pero sobre todo tratamos de formar hombres y mujeres de pensamiento libre que sean capaces desde la ética ejercer la abogacía en distintos roles.

Los egresados de esas Facultades podrán ser fiscales, defensores o magistrados, y en un proceso penal tendrán deberes que los colocan en lugares diferentes, en lo que la doctrina procesal ha llamado el "triángulo chiovendano" (en honor a su creador Giuseppe Chiovenda), que presupone la igualdad de las partes y un juez imparcial por encima del conflicto. En ese marco, fiscal y defensor producen la prueba y en base a ello el juez decide. En ese juicio —público— todos pueden ser testigos de lo sucedido, tanto como conocer el fundamento del veredicto.

Principios constitucionales imponen que un tribunal superior revise, ante la impugnación de quien no esté conforme el fallo de primera instancia. Y en caso que proceda, la Corte Suprema hará lo propio. Esos son los recursos que las partes tienen legalmente ante un fallo desfavorable a su pretensión.

Para ello se recurre a la Justicia. Para ello se ha delineado un sistema formal, con garantías, público, a la vista de todos y sin oscurantismos.

El descrédito que algunos tribunales han generado en la sociedad ha colocado en tal situación a todo el Poder Judicial, y ello ha permitido que cientos de personas se sumen al reclamo de un puñado de familiares desgarrados por el dolor, aprovechando la situación con fines diversos que nada tienen que ver con el caso concreto.

Pero lo más grave es que se puede contar con los dedos de una mano a quienes estuvieron siguiendo el juicio, o quienes leyeron la sentencia. Los que se manifiestan, los que escriben en las redes sociales, los que acuden a programas audiovisuales para dar su opinión, en contadas ocasiones conocen el caso.

Y son quienes condenan. Quienes condenan sin pruebas. Quienes pretenden penas ejemplares.

En definitiva quienes pretenden condicionar a los fiscales para que fuercen calificaciones legales y pidan penas más altas que las que correspondan por derecho. O quienes pretenden de los jueces se juzgue en función de la condena ya impuesta por ese colectivo, que sin el análisis que por Derecho corresponde, ha juzgado.

En la caza de brujas de la Edad Media estar en el otro bando implicaba la hoguera con seguridad. En un proceso penal se condena o se absuelve. Si se condena puede ser a una pena perpetua o temporal, y en tal caso puede ser menor a la pedida por el fiscal o la querella. Entonces, es claro que alguien quedará disconforme siempre. Los jueces lo sabemos. Desde el día en que juramos desempeñar nuestro cargo. No habrá "bandos" para el Juez, porque está en un vértice superior del "triángulo chiovendano". Su posición es la de ser imparcial, de evaluar la prueba y dar un veredicto razonado.

Ahora pensemos, ¿por qué parece que en nuestro país se requiere de "valentía" para emitir un fallo producto del razonable análisis de lo ventilado en el juicio? Debería ser el desarrollo normal del trabajo de un Tribunal emitir fallos en función de ello.

Supongo que se requiere de "valentía", de "coraje" porque aquí se pretende que el Tribunal ratifique la "sentencia de las redes sociales", "de la manifestación que afuera espera", o de la que se ha impuesto en la prensa.

Y si ello no sucede, se colocan las fotos de los jueces al lado de las fotos de los imputados como "condenados", reclamando ahora al poder político su destitución. Otra vez, "la caza de brujas".

Ya decía Carrara en su Prefacio a la Quinta Edición, "El juicio penal debe obedecer al derecho, para cuya tutela es un instrumento necesario. Debe ser obsecuente con el derecho de los honestos que reclaman la represión, y con el derecho de los mismos enjuiciados, que exigen no ser condenados, sino cuando se establece su culpa".

Los ciudadanos deberían aplaudir y descansar en paz sabiendo que tienen jueces "valientes", porque nadie sabe quién preparará una marcha en su contra, pero sí se sabe cuáles son las leyes vigentes, y la correcta aplicación de las leyes son la mayor seguridad que un estado de derecho puede otorgar a los habitantes de una Nación.

La autora es Vocal de Cámara de Apelaciones Penal / Profesora de Derecho Penal (UNR) La columna fue publicada originalmente en el diario La Capital (Mar del Plata)

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