La presentación que los intendentes del peronismo junto a la ONG CEPIS llevarán a la Justicia para anular los últimos aumentos de tarifas eléctricas autorizados por el gobierno de María Eugenia Vidal revela en su exacta medida el cóctel brutal que se aplicó sobre la ciudadanía: las boletas se dispararon hasta 5 mil por ciento, junto a las ganancias de las distribuidoras, mientras los sueldos se mantuvieron planchados.
Los datos de fuentes partidarias, hablan por sí solos: una familia platense que en diciembre de 2015 consumía 350 kw/h por factura, pagaba por el servicio menos de 47 pesos. Tres años después, el mismo consumo cuesta 2.700 pesos, un 5.600 por ciento más. Increíblemente, para un usuario electrointensivo, con consumos de 700 kw/h, el cambio fue menos drástico: pasó de pagar 221 pesos a 6.700, es decir un 2.900 por ciento más. Una PYME industrial, a la que se le asigna un consumo promedio de 3.000 kw/h, pagaba en 2015 825 pesos y hoy abona 3.500 por ciento más: hasta 30 mil pesos por boleta de luz.
Se sabe que para los usuarios del interior provincial el salto fue un poco más suave. Usuarios con características idénticas a las de los ejemplos platenses pagaron aumentos de 2.100, 1.700 y 1.600 por ciento respectivamente, si estaban conectados a EDEA. Si eran clientes de EDEN, los incrementos promediaron 2.200, 1.900 y 1.800 por ciento. Para EDES, los aumentos fueron de 2.500, 2.000 y 2.000 por ciento.
En contrapartida, los ingresos ciudadanos se movieron mucho más lentos. El RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), creció 118 por ciento. Los haberes jubilatorios, 116 por ciento; el Salario Mínimo, 102 por ciento; la AUH, 117 por ciento, el salario docente 110 por ciento.El promedio es de 113 por ciento, contra el 2.600 por ciento que promedian las facturas eléctricas.
La ecuación se termina de comprender cuando se coteja la columna que corresponde a los ingresos de DESA, Desarrolladora Eléctrica, la controlante de las cuatro distribuidoras parovinciales, que está en manos del empresario Rogelio Pagano. De acuerdo a los estados contables, sus ingresos se dispararon un 1.100 por ciento en dos años -no contempla los últimos aumentos-, y su resultado operativo un 1.300 por ciento.
Ese diagnóstico se da de lleno contra los criterios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación impuso a la hora de autorizar los aumentos de tarifa. En el fallo emitido en 2016, a partir de una demanda del CEPIS, el máximo tribunal del país estableció el criterio de “razonabilidad”, que a todas luces no se viene aplicando, ante la pasividad y complicidad de los tres poderes del Estado.
El resultado es, según se lee al final de la presentación, la creación de “un tipo de pobreza inédita en la provincia de Buenos Aires: la pobreza energética”.
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