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Se define la preventiva para los dueños del geriátrico trucho

Esta semana la jueza podría dictar la medida mientras se recogen las pruebas respectivas. Desde el municipio optaron por un silencio en “modo culposo” y los medios comunicacionales amigos dejaron de hacer entrevistas y referirse al tema.

La causa que se le sigue a los dueños del geriátrico clandestino de Malvinas Argentinas 220, por haber puesto en riesgo la vida de adultos mayores a los que mantenía en un quincho en condiciones infrahumanas, podría derivar esta semana en la prisión preventiva para los propietarios detenidos, Silvia Castaño y Héctor Cruz.

La jueza Marisa Muñoz Saggese espera las pruebas de la fiscal Fernanda Sanchez para determinar la responsabilidad de la pareja en lo que configuraría un delito previsto en el artículo 106 del código penal que castiga con hasta 15 años de prisión a “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”.

En tanto, desde el municipio, la gestión del intendente Pablo Petrecca dejó de victimizarse en los medios de comunicación amigos en el intento de sacarse de encima las responsabilidades inherentes al control del establecimiento en infracción, oportunidad en la cual la encargada del área de Adultos Mayores, Adriana Summa afirmó estar en conocimiento de los aberrantes sucesos que allí acontecían. Más allá de las investigaciones de la justicia para determinar la responsabilidad de los funcionarios, se esperaban otras denuncias desde la oposición y desde organizaciones ligadas al cuidado y atención de los mayores.

Como se recordará el pasado sábado 18 de junio, a partir de un llamado a la policía científica requiriendo la presencia de un médico para certificar el deceso de una persona, motivo por el cual correspondía realizar la autopsia respectiva, se hizo presente en el lugar del hecho, Malvinas Argentinas 220, el instructor de fiscalía Andrés Crosetti.

Según señalaron fuentes confiables, en el comedor de la vivienda había una cama en la que se encontraba la persona fallecida.

Fue en ese momento que se constató que se trataba de un lugar de alojamiento clandestino de adultos mayores y se dio aviso a la municipalidad como órgano de contralor de estos establecimientos.

Cuando se le advirtió del hecho sucedido a Adriana Summa, ésta habría hecho referencia a que tenía conocimiento de la situación respecto a que había ocurrido en dos oportunidades una clausura por parte de la provincia.

Las mismas tenían registro de diciembre de 2021 y mayo del corriente año, tras una primera revisión de julio del año pasado donde ya se habían constatado gravísimas irregularidades como por ejemplo por no poseer habilitación ministerial, no respetar el máximo de 4 camas ni los metros cuadrados, el baño no poseía ducha, tampoco contaban  con director médico, ni médico, ni enfermero, lo cual resultaba insuficiente para atender a cuatro pacientes postrados y seis semidependientes.

El informe agregaba que la calefacción no era confiable y se notaba humedad en techos y paredes. Tampoco poseían depósito final de residuos patogénicos.

Cuando las autoridades policiales y judiciales consultaron a la dueña del lugar respecto a la cantidad de personas que tenían a su cuidado la misma hizo referencia sólo a tres, que eran las visibles en el lugar, aseveración que sembró dudas entre el personal.

La llegada de la fiscal Fernanda Sánchez, generó una mayor tensión en los responsables del alojamiento clandestino a quienes se les solicitó llevar a cabo una revisión del lugar, caso contrario se pediría el allanamiento respectivo.

De este modo, Castaño autorizó el ingreso y luego de pasar un patio central observaron un quincho cuyos vidrios estaban tapados con papeles y al entrar a ese lugar se encontraron con once personas que estaba en condiciones de hacinamiento, una situación que los mismos efectivos policiales compararon con las celdas de la prisión.

Si bien no habrían hallado a personas en situación de extrema gravedad, sí se hallaban descuidados en su atención y en un lugar no apto desde el punto de vista sanitario.

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