La Policía Federal Argentina realizó allanamientos en un camino rural, en el extremo noroeste de la ciudad, donde secuestro alrededor de 20 bidones vacíos de agroquímicos.
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás inició una causa por supuesta contaminación ambiental y ahora investiga si se arrojaron residuos peligrosos en los campo de la zona, que están ubicados a alrededor de 900 metros del Barrio Villa Alicia, uno de los más afectados por la contaminación ambiental.
En el trayecto donde fueron encontrados, convergen caminos a tres establecimientos agropecuarios, razón por la cual el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la extracción de suelo en cada uno de los campos, que serán analizadas por los peritos expertos.
La denuncia fue realizada por un vecino de las inmediaciones quien encontró “muchos bidones de esos que utiliza la agroindustria como tachos de herbicidas como glifosato (Glifopampa de Zamba y Sulfosato Touchdown, de Syngenta) y Cletodim (Havoc Maxx de Nufarm) dispuestos al aire libre”.
La Justicia también busca identificar a las personas que adquirieron originariamente los agroquímicos y luego de utilizarlos optaron por deshacerse de manera clandestina de los envases.
La problemática del mal uso de agroquímicos en nuestra ciudad y la calidad del agua generó que el juez Villafuerte Ruzo adopté diversas medidas desde abril de 2019, ordenando en principio la suspensión urgente de las fumigaciones en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad y puso como distancia de las zonas urbanas los 600 metros. Además, exhortó al Municipio a dejar de autorizar nuevas aplicaciones.
En septiembre, sin embargo, definió una nueva y más poderosa restricción para la utilización de estos productos: prohibió pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de nuestra ciudad ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea. Fue luego que se agregarán a la causa los estudios que muestran el daño genético en la familia de Sabrina Ortíz, en donde diferentes constancias de especialistas sugerían una distancia superior a los 1.000 metros para fumigar y no afectar a la salud.
A fines de octubre, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás dictó el auto de procesamiento de tres productores de los cuatro productores imputados en la causa Nro. FRO 70087/2018, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables (Art. Nº 45) del delito de Contaminación Ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, ilicíto previsto y penado en el Art. Nº 55 de la Ley Nº 24.051, en forma continuada, en función del Art. Nº 200 del Código Penal.
Además, dispuso el embargo de los bienes de los productores hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos.
Por otro lado, a mediados de noviembre, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo al propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, a un ingeniero agrónomo y arrendatario del campo y a un empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”.
En concreto, el hecho que se les imputó fue la aplicación de agroquímicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
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