La fallida sesión del 21 de diciembre de 2022 en Diputados, en la que el oficialismo buscaba darle la media sanción que le faltaba al proyecto de moratorias jubilatorias, echa un manto de incertidumbre sobre casi 750 mil argentinos y argentinas que estaban en condiciones de acceder a ese mecanismo para obtener un ingreso mínimo. Ya sin la vigencia de la Ley sancionada en 2004 y con la caída del proyecto que venía a reemplazarla, Argentina se queda sin el beneficio que explica más de la mitad de los trámites jubilatorios en territorio nacional.
Ansés calculó que hay 447.000 mujeres y 295.000 hombres a la espera de ingresar en el llamado Plan de pago de deuda previsional, promovido desde el Senado por el kirchnerismo. Pero más allá del impacto en lo inmediato, y con el objetivo de dimensionar la trascendencia del mecanismo, el organismo estatal expuso que de los 7,2 millones de personas que cobran una jubilación, más del 50% lo hizo a través de una moratoria.
El análisis sobre la vigencia de este beneficio previsional no puede separar lo que ocurre en el mercado laboral argentino. Las objeciones opositoras ponen el foco en el “gasto” que implica su sostenibilidad, pero no se discute que en Argentina casi el 40% de los asalariados no cuenta con aportes jubilatorios, es decir, trabaja en la informalidad. Ante esa dificultad estructural, resulta difícil imaginar un corte abrupto en las moratorias. Esto implicaría que ese universo de informales no contaría siquiera con un ingreso mínimo después de los 60 o 65 años.
Desde la sanción de la Ley en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la cobertura previsional para personas en edad de jubilarse creció del 68% en 2005 al 92,5% en 2021. El 76% de las moratorias tramitadas corresponden a mujeres, ratificando así el vínculo que guarda este beneficio con el deterioro que sufre el trabajo registrado. Es que históricamente en Argentina las más relegadas por el mercado laboral son las mujeres, con índices de desocupación más altos que los varones durante cada trimestre relevado.
Los desacuerdos políticos y la falta de voluntad de parte de casi toda la oposición en la Cámara de Diputados (incluido el Pro, la UCR Y el Interbloque Federal) impidieron el tratamiento. Faltaron apenas seis asistentes para lograr el quórum necesario y de esa manera se cayó la posibilidad de dar el debate, aunque desde la principal bancada opositora ya habían manifestado escasa voluntad para acompañar el proyecto que venía con media sanción desde el Senado. Ahora, en el mejor de los casos habrá que esperar hasta marzo para retomar el debate.
Detrás del debate político y las diferencias ideológicas, están los datos que exponen la relevancia que cobró durante los últimos años la moratoria y que desnudan las dificultades estructurales que sufrió el país en estos últimos años.
La analista económica del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), Eugenia Rodríguez, se refirió al tema y dijo: “El acceso al sistema jubilatorio se hace cada vez más difícil. Es fundamental ver que la realidad de la vida pasiva está directamente vinculada con la vida activa y las dificultades, cada vez más frecuentes, de acceder a un trabajo registrado”.
Según los últimos datos publicados por el Indec sobre el mercado de trabajo, durante el tercer trimestre de 2022 un 37,4% de los asalariados no tuvo descuentos jubilatorios, es decir, trabajó bajo la informalidad. Se trata apenas de los que se encuentran bajo el radar del Ministerio de Trabajo y de la Ansés, pero una muestra suficiente de las dificultades que tienen argentinos y argentinas para jubilarse con los aportes correspondientes.
De hecho, esa tendencia se acentúa al revisar los datos hacia atrás. Desde el tercer trimestre de 2020 a esta parte, el empleo formal (con descuento jubilatorio) mostró constantes altibajos, con un pico a fines de 2021, pero registró una fuerte caída en los últimos dos trimestres. A contramano de esta evolución, los informales (sin descuento) no pararon de crecer durante ese período. El 37,4% mencionado para este último trimestre, era del 28,7% en el mismo período de 2020.
“La política de la moratoria viene a atender esa realidad y a garantizar el derecho a una jubilación digna. Es importante mencionar que es una política que viene a atender la situación de las mujeres, que son las que más dificultades tienen durante su vida activa”, agregó Rodríguez.
Si bien en los últimos trimestres el Indec relevó una progresiva incorporación de mujeres al mercado del trabajo, históricamente representan al sector más relegado. De hecho, en este tercer trimestre de 2022, la tasa de desocupación de mujeres fue del 7,8%, mientras que la de hombres fue del 6,5% y el promedio general del 7,1%.
A partir de estos datos se explica la importancia de la moratoria en el universo de mujeres. La analista del Cepa destacó que en la franja entre los 55 y 59 años (las más próximas a jubilarse), el 46% no tiene ningún tipo de aporte y solo el 6,6% se podría jubilar por edad y años de aporte.
Al incluir también a los varones, destacó que hasta el 2021, el 64,8% de quienes accedieron a una jubilación, lo hicieron por moratoria. Desde Cepa también ratificaron datos de Anses, que indicaban hasta diciembre de 2022 que de los 7,2 millones de jubilados, más del 50% lo hicieron por moratoria.
Respecto a la postura fiscalista que fijó históricamente la oposición al respecto, la analista del Cepa sostuvo: “La realidad es que si bien hay discursos que ponen en discusión la sustentabilidad del sistema, nosotros relevamos que en los años de mayor crecimiento, con políticas que incentivan la actividad económica, es cuando más sustentable resultó la moratoria. Por el contrario, en años de ajuste, es donde menos sustentable fue. Por lo tanto la sustentabilidad está atada al crecimiento económico y generación del trabajo”.
Desde el centro de estudios respaldaron esta versión a partir de datos que indican que durante 2015, año arrastraba un crecimiento en el trabajo formal, hubo un marcado aumento de la cobertura del gasto previsional a través de aportes y contribuciones. La cobertura con aportes pasó del 53% al 63% durante ese 2015. Mientras que en 2019, luego de las pérdidas en el sector privado, se dio una caída de la cobertura, por debajo del 50%.
Pese a los datos disponibles, desde la oposición ratifican su rechazo a la continuidad del mecanismo, argumentando que la iniciativa implicaría un gasto equivalente al 0,3% del PBI y que generaría un contrapunto con las disposiciones del Fondo Monetario Internacional.
En tanto, sostienen que el universo de personas en edad de jubilarse pero sin los años de aporte suficientes, debería migrar a la Pensión Universal al Adulto Mayor (Puam), un sistema impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri, que permite que los mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión accedan a un haber mensual equivalente al 80% de una jubilación mínima. No solo hay una brecha importante entre los ingresos de la Puam y la moratoria, sino que en este caso, las mujeres deberían esperar cinco años más para acceder a un ingreso mínimo.
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