En lo que promete ser una de las licitaciones públicas más polémicas de los últimos meses, la procuración general de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Marcelo Conte-Grand, decidió lanzarse a una compulsa cerrada, que no permitirá la presentación de más de una oferta, con el insólito objetivo de obsequiarse un costoso lujo personal: Un auto sedán de alta gama, a un costo de 1,9 millones de pesos.
Acostumbrado a vivir a la vera de la realidad, el Poder Judicial bonaerense no para de sorprender por lo anacrónico de su existencia. Fue la propia Suprema Corte, acorralada por una tormenta de críticas a los lujos y la falta absoluta de relevancia jurídica y política en la que ha caído en los últimos tiempos, que reglamentó que todos los funcionarios del Poder Judicial, desde los agentes hasta jueces y peritos oficiales, deberán entregar una declaración jurada de bienes. Pero fue incluso en este ítem que se dejó caer en la demagogia y la complicidad. Sólo una parte será de acceso público, el resto estará reservada.
Conte Grand, además, viene de una seguidilla de denuncias en su contra por parte de jueces, quienes lo acusan de “aprietes”. Uno de los primeros fue Luis Carzoglio, quien había participado de una causa contra Pablo Moyano, y aseguró en los medios nacionales que el procurador general bonaerense lo había presionado para que ordene un pedido de detención sobre el gremialista. Algo similar ocurrió con el juez de Casación Penal Víctor Violini, quien afirmó que Conte Grand lo había presionado con un “carpetazo” y confirmó las denuncias de Carzoglio. Apenas semanas después, el juez platense Federico Guillermo Atencio aseguró que Enrique Saraví, supuesto emisario del ministro de Justicia Gustavo Ferrari e hijo de un reconocido escribano platense imputado por estafas al fisco, le había recriminado en nombre del procurador general no haber renunciado a su cargo, con el objetivo de “negociarlo” con algún amigo del poder.
Esta vez, el procurador general bonaerense aprobó, junto al subprocurador Juan Ángel de Oliveira, una licitación pública a través de la cual, desafiando a la realidad de los bonaerenses, se lanzará a la compra de un automóvil de alta gama, un sedán de 1.9 millones de pesos, aunque no se especifica su uso. Entre los encargados de aprobar la compra estará Gabriel Rouillet, cuñado de Federico Sturzenegger cuyo mayor logro consistió en una opaca gestión al frente del Banco Ciudad, un frustrado intento de instalarse como candidato político en la ciudad de La Plata para recalar, finalmente, como un empleado más de la procuración general bonaerense.
Entre lujos innecesarios, desinterés por la realidad social que lo rodea y acusaciones de aprietes y corrupción, Conte Grand vuelve a desafiar a la propia Justicia con una polémica compra que lo ubica del lado menos deseable de la sociedad.
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