En el marco del conflicto vigente, no habrá clases por una semana en todas las facultades del país

Será desde el 26 al 30 de mayo y también habrá concentraciones en el Palacio Pizzurno y clases públicas frente a la Corte Suprema
22 de Mayo de 2026 | Primera Plana

Luego del multitudinario apoyo popular a la comunidad universitaria en la cuarta marcha federal, los gremios docentes aceleran el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento con un paro para la próxima semana en todo el país. Desde el 26 al 30 de mayo, la medida contempla un plan de lucha con posibles concentraciones en el Palacio Pizzurno más actividades y clases públicas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El anuncio puso a trabajar al Ministerio de Capital Humano, que volvió a arremeter contra el derecho a huelga e intimó a los rectores a realizar acciones para garantizar el “derecho de enseñar y aprender”.

El paro fue resuelto en un plenario de secretarias y secretarios generales de los gremios que componen la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y anunciado el miércoles por la mañana en el marco de una situación asfixiante para los trabajadores docentes y no docentes, que desde la asunción de Milei sufren el congelamiento de salarios y la caída de su poder adquisitivo.

Dentro de las acciones del plan de lucha, determinaron una semana completa de paro en la semana del 25 de mayo “con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales”.

El martes 26, realizarán una jornada de clases públicas frente a la Corte Suprema de Justicia para “promover el acompañamiento del Poder Judicial a la Universidad Pública”, determinaron desde Conadu. Si bien la iniciativa gremial más fuerte consiste en el cese de actividades dentro de las aulas, desde los gremios también buscan dar la pelea con una acción digital nacional “que permita dar la discusión también en el terreno virtual”, aunque aún no especificaron en qué consistirá.

El documento del Gobierno contra las medidas docentes, que lleva la firma del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, plantea que “la autonomía universitaria no implica una zona de exclusión de las leyes nacionales ni de los deberes de los funcionarios públicos”.

El mismo gobierno que ignora y elude desde hace 212 días el cumplimiento de la Ley de Financiamiento bajo la eterna premisa de proteger el equilibrio fiscal, ahora vuelve a mostrar preocupación por “el derecho a enseñar y aprender” que “se encuentra consagrado en nuestra Constitución y resulta un pilar estratégico para el desarrollo del capital humano de nuestro país”, según el funcionario.

“El derecho de huelga no puede anular el derecho de enseñar y aprender”, sostuvo Álvarez, sin tener en cuenta que la falta de financiamiento y salarios dignos lleva a las universidades públicas a la crítica situación en la que se encuentran. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en lo que va de la gestión Milei, producto de la asfixia salarial a la que son sometidos.

“La crisis en las universidades que impide el normal funcionamiento la produjo el ajuste sobre los salarios docentes y no docentes, el gobierno al desconocer a los sindicatos y pretender amenazar a los rectores y rectoras muestra que no tiene voluntad de resolver este problema”, declaró el dirigente de Conadu, Federico Montero.

En un documento muy similar al divulgado semanas atrás por el propio Álvarez, la subsecretaría que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello le exige a los rectores que adopten medidas “para garantizar, de manera efectiva y sin interrupciones, el derecho de enseñar de los docentes y de aprender de los alumnos”.

Según demandan, el informe deberá ser presentado en el transcurso de la semana ante la Subsecretaría que dirige Álvarez y deberá contener un Plan de Contingencia con acciones “para asegurar la apertura de los edificios universitarios y el libre acceso de docentes y alumnos que decidan no adherir a las medidas de fuerza” y la “implementación de herramientas virtuales o reprogramaciones que garanticen que ningún alumno pierda la regularidad o sus turnos de examen por causas ajenas a su voluntad”.

Álvarez amenaza a las autoridades consignando que “el incumplimiento en la remisión de la información solicitada, o la constatación de una omisión manifiesta en la protección del derecho de enseñar y aprender, dará lugar a la revisión de la asignación, ejecución o transferencia de recursos presupuestarios nacionales”.

Para sumar una provocación más, en la mañana del miércoles las autoridades universitarias se desayunaron con un nuevo instructivo de liquidación de haberes con la inclusión de un aumento “unilateral e inconsulto” del 1,5 por ciento, sumado a un bono de 10 mil pesos para el personal con dedicación simple -que con descuentos queda en 8 mil-, para las dedicaciones semiexclusivas 20 mil y, para las exclusivas, 40 mil, según reveló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), Pablo Perazzi.

Perazzi calificó al aumento como una “verdadera vergüenza” y aseguró que “si el gobierno sigue en esa tesitura de atacarnos y ahogarnos presupuestaria y salarialmente, nosotros vamos a redoblar la apuesta como lo hemos hecho siempre”. En esa línea, la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, afirmó que el incremento, “en realidad enoja más de lo que ayuda frente a los salarios de pobreza”.

Desde el gremio, aseguraron que las masivas movilizaciones en defensa de las universidades nacionales “volvieron a expresar con fuerza el rechazo al ajuste del gobierno sobre la educación pública, los salarios, la ciencia y el sistema universitario en su conjunto”. En este sentido, añadieron que “la extraordinaria respuesta social” es un respaldo muy poderoso para la continuidad de los planes de lucha “frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias”.

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