En una decisión que refuerza el principio precautorio y la centralidad del derecho a la salud, el Fiscal Federal General de Rosario, Federico Reynares Solari, volvió a poner un freno al modelo agroindustrial en Pergamino. Rechazó el pedido del municipio de levantar las medidas cautelares que prohíben las fumigaciones con agrotóxicos en zonas periurbanas y obligan a garantizar agua segura para la población. Es, como señaló en diálogo con “Pan & Circo” (FM 106.7 – “Radio más”) la abogada Sabrina Ortiz, “la quinta oportunidad en que el municipio intenta truncar la medida”, incluso habiendo llegado hasta la Corte Suprema, y ahora lo hace en un nuevo tribunal. Pero la Justicia Federal se mantiene firme.
Ortiz, vecina afectada por los agroquímicos y referente de la causa, celebra el dictamen como un avance en una lucha que lleva años. “No ha sido y sigue siendo no tan fácil la tarea porque falta bastante”, reconoce, pero destaca que “el trabajo que se desarrolla desde la justicia nos viene dando un poco de esperanza”. También cuestiona los argumentos del municipio, que volvió a apelar todas las medidas cautelares, incluida la entrega de agua potable. “Estamos satisfechos por el trabajo que se ha llevado a cabo”, afirma.
El dictamen de Reynares Solari no sólo ratifica la vigencia de las distancias mínimas para fumigar —1.095 metros para las terrestres y 3.000 para las aéreas— sino que se convierte en bandera para otras localidades que enfrentan situaciones similares. “Realmente esto habla del efecto dominó que se ha logrado en Olavarría y Junín, donde se presentan diferentes figuras del ámbito jurídico para lograr lo mismo”, destaca Ortiz, quien también remarca que “estamos muy contentos que sea de esta manera, en favor de la salud de todos”.
La causa, que involucra a barrios como La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad, se apoya en estudios científicos que evidencian los daños provocados por los agrotóxicos en el ambiente y en la salud humana. Mientras se espera que el juez se expida —“que es el que tiene la última palabra”, recuerda Ortiz— el dictamen del fiscal se erige como un gesto de justicia que incomoda al poder económico y da aire a las comunidades que luchan por vivir sin veneno.
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