El Gobierno audita 70.000 hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para definir cuántas pondrá a la venta. El Ejecutivo asegura que utiliza sólo 45.000 para producción de investigaciones de las 116.000 con las que cuenta.
En la Casa Rosada sostienen que esperan completar el 50% de la fiscalización para diciembre y la mitad restante, para febrero. Decidirán qué terrenos vender o ceder a provincias entre marzo y abril. Los ingresos de las posibles operaciones quedarían dentro del presupuesto del organismo, que asciende a US$250 millones.
“Hay hectáreas que están tomadas o que fueron utilizadas para otro tipo de actividades. En el Bolsón hay un camping dentro de un terreno, por ejemplo. Otros directamente quedaron dentro de ciudades, sin capacidad de uso para la producción”, expresó un funcionario.
Este proceso forma parte de la reforma del INTA que anunció ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni. El instituto lo preside Nicolás Bronzovich y depende del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo. Cuenta con 6800 empleados de planta permanente.
El organismo pasó de tener 3400 a 7500 empleados entre 2003 y 2015. El Gobierno decidió desplazar a 227 trabajadores en línea con la reducción de personal de contratados que impulsó Javier Milei. El equipo auditor del INTA revisará la funcionalidad de los de planta permanente, a los que ya ofrecieron retiros voluntarios.
Prepara además un plan de inversión público-privado para los trabajos de investigación del organismo, que deriva el 90% de su presupuesto al pago de salarios y al mantenimiento de las estructuras que comprende. “Mantener edificios y terrenos que están en desuso también genera un gasto”, manifestaron desde Nación.
El Gobierno busca elevar el monto de inversión privada en el instituto del 10% al 20% en el mediano plazo. Apunta a que sea del 30% en 2027. Es por eso que buscan coordinar los procesos de selección e investigación con empresarios. Los trabajos pueden variar de $2000 a $8000 dólares. Hay 1500 proyectos en ejecución actualmente.
El Ejecutivo está interesado en impulsar investigaciones sobre riego, genética y fertilización que puedan generarle un rédito a la producción del privado. Buscan coordinar las reformas con el consejo del INTA, que integran cinco representantes del sector público y cinco del privado.
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