La Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino (CELP) se encuentra en el centro de una controversia a nivel nacional tras ser imputada por el Gobierno en el marco de la resolución 267/2024 del Ministerio de Economía. Esta normativa prohíbe la inclusión de tasas municipales, como la de alumbrado público, en las boletas de servicios públicos, al considerar que se trata de conceptos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor. CELP, que incluye el cobro de la tasa de alumbrado en sus facturas, es ahora una de las 95 empresas imputadas en el país, lo que podría derivar en multas millonarias para la cooperativa y sus socios.
Millonaria sanción en puerta para CELP
La CELP, junto con otras distribuidoras de electricidad, enfrenta la posibilidad de sanciones que podrían superar los $2.130 millones si no se ajusta a las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor. Esta ley ampara a los usuarios contra prácticas que puedan resultar confusas o abusivas, y otorga a los consumidores la potestad de recibir facturas claras y precisas, sin cargos no autorizados. La imputación representa un golpe para la cooperativa, ya que los socios cooperativos serían los encargados de hacer frente a las consecuencias económicas de esta situación.
Plazo de cinco días para descargos
Una vez notificada, la Cooperativa cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo ante la Secretaría de Industria y Comercio. En caso de no hacerlo, se avanzará con las sanciones contempladas en la ley. Hasta el momento, se han abierto 244 expedientes administrativos en diversas localidades del país por cobros similares, y el Gobierno ha recibido más de 2.700 denuncias de usuarios que identificaron cargos no autorizados en sus facturas.
La CELP, así como otras empresas imputadas, deberá evaluar su cumplimiento con la nueva normativa para evitar sanciones futuras. Mientras tanto, el Gobierno ha manifestado que continuará investigando y sancionando a las compañías que no respeten la normativa, en una clara señal de que no tolerará prácticas que afecten la transparencia y los derechos de los consumidores.
La Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP) se ampararía en la ley sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que regula el cobro de la Tasa por Alumbrado Público. Esta normativa establece que las empresas prestatarias del servicio de electricidad deben percibir, a solicitud y en representación de las Municipalidades, la tasa que estas fijen en su jurisdicción.
La ley, que data de años atrás, otorga a las Municipalidades la posibilidad de adherir mediante ordenanza y firmar un convenio con las empresas. Este convenio debe incluir pautas para la percepción y rendición de los importes recaudados, así como condiciones de pago y procedimientos para aplicar recargos en caso de mora.
Además, las empresas están obligadas a incluir en las facturas de los usuarios un rubro específico que detalle los importes de la Tasa por Alumbrado Público. La fiscalización y el control de este régimen quedarán a cargo exclusivo de las Municipalidades.
Esta ley busca transparentar el proceso de cobro y garantizar que los fondos recaudados se utilicen adecuadamente para el Alumbrado Público.
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