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Los despidos y discursos negacionistas ponen en riesgo a los juicios de lesa humanidad

El desmantelamiento de un equipo en el Ministerio de Defensa afecta las investigaciones sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Organismos y querellantes presentan recursos para que no se disuelva un área que reveló desde 2010 17 mil legajos relacionados con la represión ilegal.

Los despidos en el Estado, el desmantelamiento de áreas de investigativas y los discursos negacionistas propagados por el oficialismo en relación a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, pueden poner en serio riesgo la instrucción de varias causas de lesa humanidad, según consideran organismos de Derechos Humanos, querellantes de estos procesos judiciales y funcionarios provinciales, que efectuaron en los últimos días presentaciones judiciales para garantizar la continuidad de estas causas.

A fines de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri ordenó el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas, al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo, clave para aportar datos para las causas de lesa humanidad que se encuentran en curso.

El equipo fue creado en 2010, cuando se dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a la última dictadura cívico militar. Desde su creación confeccionaron más 170 informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.

“Nos encargábamos de relevar información para reconstruir el funcionamiento del terrorismo de Estado. Con la información que analizamos, por ejemplo, pudimos reconstruir la forma en la cual funcionó una zona o una sub zona durante la represión ilegal y cuántos eran los centros clandestinos de detención que estaban bajo la órbita de un arma o de un comando”, explicó en diálogo con Data Clave Hernán López, uno de los trabajadores del ERyA que fueron despedidos por orden de Petri. El ministro justificó la decisión al considerar que este equipo de investigación era en realidad “un grupo parapolicial de persecución contra las Fuerzas Armadas”.

El director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, comunicó los despidos a los trabajadores del ERyA y les anunció que, desde ahora, serán las Fuerzas Armadas las que se encargarán de remitir la información que les solicite la Justicia en cada causa en particular. En tanto, los tres empleados que no resultaron cesanteados, se encuentran sin tareas en el Ministerio.

“Las Fuerzas pueden aportar un legajo o un archivo sobre los servicios que un personal prestó en una época, pero difícilmente puedan reconstruir la información sobre todo un organigrama represivo”, explicó López.

Una semana atrás, la legisladora porteña y nieta recuperada por el trabajo de la Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro, presentó ante la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación una denuncia para aletar sobre el desmantelamiento de este equipo del Ministerio de Defensa.

“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, básicamente se les obstruye la capacidad de trabajo. Esto es aportar información y documentación clave para la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Las medidas adoptadas impactan directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción de la memoria colectiva, esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, señaló Montenegro en su presentación ante el relator de la ONU Fabián Salvioli.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo deploró esta decisión de Petri al afirmar, en un comunicado que, “mientras se cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial que otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia”. 

“¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”, remarcaron desde Abuelas.

Pero no fue la única presentación judicial que se formuló en relación a la disolución de este equipo. Pablo Llonto, periodista y abogado con un largo recorrido en varias querellas en causas de lesa humanidad, presentó ante el juez federal Daniel Rafecas un recurso de “no innovar” con el propósito de evitar la disolución del ERyA para asegurar la provisión de información relativa a las causas de lesa humanidad.

“En este clima de negacionismo imperante sobre los delitos de la última dictadura, es difícil que las Fuerzas Armadas puedan dar la información a la Justicia sobre los delitos de lesa humanidad. Los que tenemos experiencia sabemos que las instituciones militares son renuentes a investigarse a sí mismas”, sostuvo Llonto en declaraciones a Data Clave.

En esa línea, la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires presentó ante la Justicia una acción de amparo con solicitud de medida cautelar para evitar el desmantelamiento de este equipo.

“Es un equipo de trabajo fundamental que envía documentación y aporta a juicios de lesa humanidad, además de otros espacios que hacen requerimientos de esa información, y mediante el escrito que presentamos ante la Justicia exigimos su reincorporación”, manifestó el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, titular de una dependencia que querella en varias causas de lesa humanidad radicadas en territorio bonaerense.

En tanto, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se decidió esta semana fueron despedidos la totalidad de los empleados que se dedicaban a actualizar la información de la página web www.juiciosdelesahumanida.ar, que ofrecía información sobre los procesos de crímenes contra la humanidad que se siguen en el país. El sitio aún está en línea, pero la información que tenía dejó de actualizarse diariamente.

Trabajadores de la Secretaría de DDHH indicaron que los equipos de investigación y las querellas que sigue en el organismo en los juicios “siguen en funciones” y hasta el momento no se produjeron despidos. Pero existe un clima de incertidumbre, ya que no se produjeron designaciones y se sigue trabajando en función del organigrama anterior al 10 de diciembre de 2023.

En la actualidad, la Secretaría de DD.HH se encuentra en manos del exjuez federal Alberto Baños, quien llegó a la condición de magistrado durante el gobierno de Carlos Menem. La actuación de Baños en la causa que se sigue por la desaparición del policía porteño, Arshak Karhanyan fue seriamente objetada por los familiares de la víctima, cuyo paradero se desconoce desde febrero de 2019. Baños es acusado de haber dormido el expediente durante los cuatro años en los que estuvo a cargo de la instrucción. En septiembre del año pasado se jubiló como juez y ahora es funcionario “adonorem” del gobierno de Javier Milei.

A este panorama, se suma además la decisión que tomó la semana pasada el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, quien dejó caer las recompensas para dar con los paraderos de los prófugos acusados de haber cometidos delitos de lesa humanidad.

Entre los buscados, se encuentra el exteniente del Ejército Aníbal Miguel Sánchez, imputado por ocho asesinatos y 36 secuestros cometidos cuando se desempeñaba como integrante del Regimiento 6 de Mercedes.       

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