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Senadoras impulsan la ley Belén para penalizar la violencia de género digital

Las legisladoras impulsan un proyecto que pena con multa económica y/o arresto a quien difunda imágenes de contenido sexual sin consentimiento.

Las senadoras bonaerenses, Laura Clark, Rosa Martínez y Sofía Vannelli, presentaron un proyecto en la Cámara Alta para que en el Código de Faltas se incluya a la violencia de género digital. Esta iniciativa se llama “Ley Belén Provincia de Buenos Aires” y recuerda un terrible caso sucedido en Bragado.

El nombre refiere a la bonaerense Belén San Ramón, quien era madre de dos hijos y residía en Bragado. La mujer sufrió extorsión y vitalización de contenido íntimo y se suicidó de un disparo en la cabeza. La investigación determinó que no existió delito.

“Las violencias en línea es un fenómeno relativamente nuevo pero que se encuentra en crecimiento en los últimos años con consecuencias que paralizan las vidas de quienes la sufren contando incluso con víctimas fatales”, explicaron las senadoras de Unión por la Patria.

“Hoy en día miles de mujeres transitan por los tribunales con sus causas archivadas por una falta de legislación adecuada que castigue estas figuras”, agregaron.

Proponen que se agregue al Código de Faltas a las personas que exhiban sus partes genitales con fines sexuales a través de medios digitales, sin que quien las reciba haya aceptado tal acción, pueda ser sancionada con una multa económica. Si la víctima es menor de 18 años, la multa se duplica o podría cumplir 30 días de prisión.

En el caso que la violencia digital se produzca con imágenes sin consentimiento o mediante engaño, el acusado podría ser sancionado con multa económica o con arresto de entre 30 y 50 días. Las penas se irán agravando si hay un vínculo emocional de las partes o un fin de lucro. 

“Es cada vez más frecuente ver en la Justicia o en los medios casos de violencia sexual en los que existe un video o imágenes del hecho, que luego pueden ser difundidos en diversos soportes digitales. En esta práctica hay una múltiple afectación a los derechos fundamentales de la víctima, porque se está retratando, distribuyendo, publicado o comercializando su imagen en este contexto que conlleva un enorme caudal de violencia”, detallaron las legisladoras.

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