El juez Alejandro Litvack sobreseyó a Cristian Graf, el hombre que estaba acusado de encubrimiento por el crimen de Diego Fernández Lima en 1984 en su casa de Coghlan, vecina a donde vivió Gustavo Cerati.
En su resolución, el juez sostuvo que “a Diego Fernández se le dio muerte hace más de cuatro décadas, y si bien de momento no resulta posible atribuir autoría determinada, sí es posible sostener con razonable grado de probabilidad que el hecho tuvo lugar en el interior de la finca donde fuera encontrado el cuerpo, esto es en Av. Congreso 3742 de esta ciudad”.
A partir del informe que elaboró el Equipo Argentino de Antropología Forense con los restos hallados concluyó que el entonces adolescente fue asesinado, “pues habría sido atacado con un elemento cortopunzante, apuñalándolo a la altura de su cuarta costilla con la fuerza suficiente como para poder generar marcas óseas”.
Y agrega que “según surge del informe técnico del E.A.A.F., se determinó que el enterramiento original se encontraba completamente ubicado en el predio de Av. Congreso 3742 —domicilio histórico de la familia Graf—, que la disposición de los restos era consistente con un único evento de inhumación primaria y que su dispersión parcial obedecía a remociones posteriores del terreno”.
En consecuencia, el juez coincide en que Fernández Lima fue asesinado y que sus restos fueron enterrados en el domicilio de la familia Graf, donde vivía su ex compañero de escuela, pero descarta que el imputado haya tenido conductas para desviar la investigación, ya que no pudo ser acusado de homicidio por el tiempo transcurrido.
El juez recordó que según la acusación propiciada por la fiscalía, los actos llevados a cabo por el imputado consistirían en una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir ese delito precedente, que tuvieron lugar con posterioridad al hallazgo de los restos óseos de Diego Fernández.
Pero el juez sostuvo el juez sostuvo que cuando Graf arribó a su domicilio -lindante con la obra-, “la investigación ya estaba iniciada, se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra del terreno en cuestión, y hasta incluso estaba interviniendo la policía científica en la recopilación de los huesos”.
“Por lo tanto, a esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí”, sumó.
En este sentido, remarcó que “no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.
Pero la explicación del juez es técnica, en especial cuando advierte que no se sabe quién fue el autor del homicidio. “En esa línea, si el delito precedente no es perseguible por causas objetivas, como por ejemplo la prescripción, indulto, amnistía, etc; tampoco podrá serlo el delito posterior”, indicó.
“En el presente caso, más allá que no pierdo de vista que el hecho primigenio fue un delito especialmente grave, en donde se le dio muerte a una persona, se la intentó desmembrar y hasta incluso se la enterró en el interior de una vivienda sin poder ser descubierto su cuerpo por más de cuarenta años, lo cierto es que no nos encontramos ante aquellos delitos de los denominados imprescriptibles”, argumentó.
Tras la resolución la querella y el fiscal Martín López Perrando tienen tres días para apelar la resolución del juez ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.
El adolescente, de 16 años, desapareció en julio de 1984 y recién en mayo de este año, más de 40 años después, sus huesos fueron hallados en el patio de la vivienda donde vive Graf, ex compañero de colegio de la víctima.
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