El diputado nacional Juan Fernando Brügge (Encuentro Federal) presentó un proyecto de resolución que propone que la Cámara de Diputados de la Nación promueva una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en rechazo a tres decretos presidenciales que reglamentan las leyes de emergencia en discapacidad, financiamiento universitario y emergencia pediátrica pero sin los fondos.
“Atentan contra la soberanía popular expresada en el Parlamento”, consideró el legislador de la Democracia Cristiana.
La oposición ya advirtió esta semana en la comisión de Presupuesto y Hacienda y en reuniones convocadas con el oficialismo que de no incorporar estas leyes al Presupuesto 2026 presentarán una alternativa. Sumado a esto, empiezan a aparecer posibles planteos en la Justicia.
En concreto, la iniciativa apunta contra los decretos 681/2025, 759/2025 y 760/2025, firmados por el Poder Ejecutivo, que difieren o condicionan la entrada en vigencia de las leyes 27.793, 27.795 y 27.796, las tres votadas e insistidas por el Congreso tras los vetos del presidente Javier Milei.
Brügge sostiene que esas normas fueron aprobadas por amplias mayorías y que “no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”. En los fundamentos del proyecto, se calificó a la situación como de “gravedad institucional inusitada”, al considerar que el Ejecutivo “se arrogó facultades que la Constitución no le reconoce”.
“El Gobierno pretende invocar una ley presupuestaria —la 24.629— para no cumplir otras leyes votadas por el Congreso. Eso viola el principio republicano de división de poderes consagrado en el artículo 1° de la Constitución”, argumentó.
Es por esto que la iniciativa instruye al presidente de la Cámara (o a los vicepresidentes y jefes de bloque, en su defecto) a iniciar la acción judicial dentro de los siete días de aprobada la resolución. Además, autoriza la contratación de asistencia legal para la redacción y presentación de la demanda.
Para el diputado opositor de Encuentro Federal el incumplimiento de las tres leyes “afecta a sectores particularmente vulnerables”, como las personas con discapacidad, los niños y niñas en edad pediátrica y los docentes y estudiantes del sistema universitario público. “La vida, la salud y la educación no pueden quedar subordinadas a fórmulas matemáticas o criterios economicistas que desconocen la realidad social”, sostuvo.
El legislador citó además doctrina constitucional y fallos recientes de la Corte Suprema para respaldar su posición, recordando que el máximo tribunal ha reiterado que “ninguno de los poderes del Estado puede actuar por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere”.
“La Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva ante un acto que desconoce su autoridad institucional. Corresponde acudir a la Corte Suprema para restablecer el orden republicano vulnerado”, concluyó Brügge.
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