En junio de 2022 se firmó el contrato por 142 millones de pesos para la construcción de 25 viviendas en Río Tala. El plazo para terminarlas: un año. O sea que deberían haber sido entregadas a sus adjudicatarios —aquí no hubo sorteo— en julio de 2023.
El dinero venía del Ministerio de Hábitat de Nación. Ramón Salazar como intendente, Javier Silva como secretario de Obras, Fabián Rodríguez como secretario de Economía y la empresa APCO rubricaron el compromiso.
No sólo no cumplieron sino que en septiembre de 2023, un mes después de las elecciones primarias comenzaron los problemas. Apareció la UOCRA, “sorprendida” por la falta de pago a los monotributistas sociales.
Las cifras fueron actualizadas de acuerdo al índice de construcción y, aun así, continuaban las demoras.
Al igual que en las 84 viviendas, los obreros eran contratados por las mismas personas pese a que pertenecían a adjudicatarios diferentes.
Cecilio Salazar había vuelto a la Intendencia, Javier Silva seguía como secretario de Obras Públicas, el secretario de Hacienda era Alfredo Carrasco y la empresa adjudicataria ya llevaba otro nombre “al menos para los obreros que debían ir a cobrar a la misma sede de otras cooperativas”.
Pese a que no cumplieron, no fueron denunciadas por los funcionarios ni investigadas por los concejales. Las rendiciones son un misterio y los materiales se esfumaron. Hoy el lugar es blanco de robos y saqueos.
La Opinión y Sin Galera recorrieron en dos etapas la manzana en la que se emplazan estas “viviendas sociales”, que así les llamaban cuando las anunciaron. El primero video es sobre calle San Martín, ahí llegaban las inspecciones y se observan avances más importantes.
El segundo video es sobre la calle transversal, limitada por un zanjón hediondo y que solo conduce a un anegamiento con agua podrida.
Allí están las casas más postergadas, las que en muchos casos ni siquiera pudieron ser revocadas.
Se repite la historia de las 84 viviendas, sólo que en estas no están las ventanas con vidrios que fueron fabricadas en una medida que obligaba a “achicar” las aberturas, como lo relató un proveedor a este medio.
Las imágenes fueron registradas el domingo 23 de junio en horas de la tarde. No necesitan de comentarios ni conclusiones.
Es dinero de todos los argentinos que administra el Gobierno nacional y debía supervisar el Gobierno local. Ambos han incurrido en groseras irregularidades, sea quien sea el que lleva adelante la gestión.
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