Este martes se llevó a cabo la decimoséptima sesión ordinaria con los puntos del orden del día pendientes de la anterior.
Estos ítems tenían que ver con los despachos relacionados al proyecto de privatización del Estado municipal.
En una sesión atípica, con el recinto sin público presente y solamente con ediles, personal del Concejo y con periodistas que solamente podían ubicarse en los costados o la parte trasera del recinto se dio inicio a la asamblea legislativa.
Al comienzo, se votó por unanimidad y a mano alzada una moción para tratar lo pendiente en la sesión anterior. Luego, la concejala Tribouley hizo uso de la palabra y pudo leer lo que le había quedado pendiente el martes anterior.
A continuación se pidió una moción para que la gente –que se ubicaba en el exterior del palacio municipal- pueda presenciar la sesión. De ese pedido 8 ediles votaron a favor y 12 en contra, entre los que votaron en sentido contrario se encontraba la concejala Marcela Conti del Frente Renovador quien se vio envuelta en polémica previo a la sesión al descubrirse que fue quien garantizó la mayoría absoluta en la decisión de no dejar ingresar público al recinto.
En tal sentido, Alvaro Reynoso, al referirse a esa resolución expresó: “queremos evitar esta infame decisión", en tanto, el concejal Nicolas Cabrera expresó que “lo que se está haciendo hoy es un acto antidemocrático”, por su parte, la concejal Silvia Viera dijo que “esto está teñido de oscuridad y secretismo”.
Por otra parte, se procedió a poner a consideración una moción propuesta por la concejal Leticia Conti para que el despacho vuelva a comisión y con mayoría de votos negativos fue rechazada.
Al final y luego del debate se dio paso a la votación de la mentada ordenanza de reforma municipal que contó con dos abstensiones del bloque de La Libertad Avanza –integrado por Gabriel Figueroa y Jorge Dib- y finalmente fue aprobada con 11 votos afirmativos y los 7 votos restantes en negativa al despacho de mayoría.
Como era de esperar, se dio lugar a la medida propuesta por el intendente quien podrá decidir incluso sin pasar por el recinto sobre qué áreas podrían ser privatizadas o tercerizadas, basándose en la figura de un “Estado gerente”, tal como plantea en la Ordenanza original.
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