La planta de Atanor en San Nicolás vuelve a quedar en el centro de una causa judicial que lleva años en curso. Esta vez, el foco está puesto en la posible violación de una medida cautelar que prohibía el vertido de efluentes contaminantes, a raíz de los hallazgos registrados en la inspección del pasado 9 de junio por parte de la Autoridad del Agua (ADA). Más allá de la clausura administrativa dispuesta por ese organismo, la fiscalía federal de San Nicolás quiere determinar si esos vertidos implicaron desobedecer una orden judicial vigente.
La presentación fue realizada por el fiscal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, en el marco de una causa abierta en 2014, que investiga la responsabilidad penal de directivos de la firma y de funcionarios públicos en la contaminación del río Paraná y el suelo de la zona. En esa causa, la fiscalía había solicitado en 2023 la indagatoria de seis directivos de Atanor y de ocho funcionarios de los organismos de contralor provinciales ADA y OPDS. También participa la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal Ramiro González.
Según los informes incorporados, las muestras arrojaron presencia de atrazina en el agua, y de cipermetrina y trifuralina en el suelo, tres sustancias utilizadas como agroquímicos y consideradas peligrosas para la salud. La situación generó especial alarma en los barrios Química y Ponce de León, donde vecinos vienen denunciando los efectos acumulados de la actividad industrial.
El pedido de indagatoria aún no fue aceptado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien consideró que restaban medidas pendientes. La fiscalía apeló en dos oportunidades ante la Cámara Federal de Rosario, pero hasta ahora el tribunal revisor no resolvió el planteo. Pese a esa demora, el Ministerio Público insistió con nuevas diligencias tras la detección reciente de vertidos, con el objetivo de saber si la empresa incumplió la cautelar.
Además, se solicitó la intervención de organismos nacionales y provinciales como el Ministerio de Ambiente, el COFEMA, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y el Ministerio de Ambiente bonaerense, para que tomen conocimiento de la situación y colaboren con el cumplimiento de futuras medidas.
Mientras la empresa anunció su relocalización productiva, el predio sigue siendo motivo de preocupación local, sobre todo por el posible almacenamiento de agroquímicos y la falta de remediación ambiental. Para la fiscalía, la causa sigue abierta y lo ocurrido en junio podría reactivar el proceso judicial.
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