Avanzar sin importar el costo, que terminamos pagando todos

El ataque desmesurado de Javier Milei contra Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, forma parte de una estrategia destinada a desviar la atención del desastre económico que él mismo está gestionando, así como de las diversas crisis institucionales que ha generado.

En primer lugar, el escándalo relacionado con las criptomonedas conmocionó al sistema político local y tuvo repercusiones internacionales. El presidente, quien se presenta como la máxima autoridad política del país, quedó involucrado en el caso de la criptomoneda $LIBRA. La situación alcanzó su punto álgido cuando difundió en sus redes sociales el denominado ‘Viva la Libertad Project’, que buscaba comercializar dicha criptomoneda y, según él, financiar inversiones en Argentina. El valor de la moneda se disparó, pero pronto los socios mayoritarios retiraron sus ganancias, provocando un colapso abrupto en su valor. Al día siguiente, Milei decidió eliminar la publicación, intentando minimizar el escándalo, pero el daño ya estaba hecho.

Días después, nombró por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, pasando por alto el procedimiento constitucional que requiere la intervención del Senado. Parece que el presidente actúa a su antojo, como si estuviera moldeando el país según sus necesidades inmediatas. Como es habitual en su Gobierno, tras generar una crisis institucional, comenzó a atacar a Kicillof, acusándolo de ser responsable de la inseguridad en la Provincia.

Esta postura refleja una hipocresía insostenible: quien ha enviado constantes mensajes de violencia institucional y deslegitimación del sistema democrático se presenta ahora como el principal defensor de la seguridad.

La incoherencia se vuelve aún más evidente al observar que, en un claro acto de manipulación política, retiene los recursos destinados a la Provincia -700.000 millones de pesos para seguridad- para luego acusarla de inseguridad. Además, en un intento por ocultar la crisis institucional que él mismo generó, plantea la posibilidad de intervenir la provincia de Buenos Aires, sin considerar que sus acciones ponen en riesgo la democracia, un concepto que parece tener poco valor en su gobierno.

Para Milei, el fin justifica los medios: avanzar sin importar el costo, y ese costo lo pagamos todos los ciudadanos.

A nivel local, dentro del PRO, los dirigentes parecen atrapados en una competencia por demostrar quién es más leal a las directrices del gobierno central, sin atender las verdaderas necesidades de la sociedad.

El Gobierno de Javier Martínez, sumido en una sucesión interminable de mandatos, se ha centrado en cuestiones cosméticas y superficiales, mientras alinea políticamente a sus delegados provinciales, quienes intentan posicionarse como los líderes de una cruzada contra el “enemigo” representado por el gobernador. En lugar de priorizar el bienestar de los vecinos, ocultan las partidas presupuestarias que reciben de la Provincia y se victimizan, creando una narrativa falsa de castigo político hacia quienes no se alinean con los intereses provinciales.

Lo que estamos viviendo es una parodia política de proporciones peligrosas. La democracia, que alguna vez fue el pilar sobre el cual se fundaron nuestras instituciones, se ha reducido a un simple eslogan vacío. En su lugar, emergen las verdaderas intenciones de un sector político que busca avanzar hacia un sistema de excepcionalidad, donde la división de poderes es reemplazada por una concentración de poder que permite manipular la opinión pública, a través de la coerción y la manipulación mediática.

 

*El autor es el referente de la Corriente Nacional de la Militancia y concejal mandato cumplido

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