Esto se desprende de una auditoría interna que la Cámara baja de la Legislatura bonaerense habría aportado a la Justicia. Claudio y Facundo Albini consiguieron la prisión domiciliaría.
Una auditoría interna realizada por la Cámara de Diputados bonaerense habría determinado que no hubo perjuicio al Estado provincial ni personas que cobraban sin trabajar en el caso conocido como “Chocolate Rigau”, en donde se investiga el retiro de dinero con tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura de cajeros automáticos cercanos al Palacio Legislativo.
En la investigación administrativa, que fue encabezada por Eduardo Vito Risiglioni, director general de Legal y Técnica de la Cámara, declararon 46 de los 48 empleados en la mira por entregarle sus tarjetas a Rigau. Todos dijeron que eran empleados y que cumplían las funciones para las cuales fueron contratados. Los jefes de estos empleados también prestaron declaración y afirmaron que los trabajadores cumplían con sus labores.
Según un informe del periodista Hugo Alcona Mon, el secretario administrativo de la Legislatura, Miguel de Lisi, le pidió a la Dirección General de Auditoría que indicara si la investigación era “suficiente”. El director general de Auditoría, Pedro Pourthé, le expuso que no habían completado las citaciones a los supuestos empleados: faltaba que declararan Cristian Rigau –uno de los hijos de “Chocolate”, María Eugenia Rodríguez y Ezequiel Tocci.
La investigación preliminar sumó entonces otra falencia: se incorporaron los legajos de los tres supuestos empleados, con las firmas, en teoría, de Cristian Rigau, Rodríguez y Tocci, junto a tres precisiones adicionales del director de Personal de la Legislatura, Pablo Parente, es decir, el superior inmediato de Claudio Albini. Indicó que Rigau había dejado de trabajar en 2017, que Rodríguez había renunciado el 1 de octubre de 2023 y que a Tocci le habían rescindido su contrato por ausencias injustificadas.
La novedad que se conoció en la últimas horas es que los Albini consiguieron la prisión domiciliaría y esperaran el juicio en sus respectivos domicilios, al igual que Rigau, que había conseguido ese beneficio en diciembre pasado.
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